Susana Oviedo
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La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en un informe denominado Zonas silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión incluye a la frontera paraguaya limítrofe con Brasil o Argentina, como zonas “con persistencia de una violencia que se agrava”. Los departamentos de Ñeembucú y Misiones, en la frontera sur con Argentina, por un lado; y los departamentos de Canindeyú, Concepción, y sobre todo el Departamento de Amambay, en la frontera este con Brasil, “se han vuelto extremadamente peligrosos para los periodistas que realizan sus labores en esas zonas, en las que se reportan negocios ilícitos, como tráfico de drogas, de armas o combustible, entre otros”, describe una parte del informe. Sobre este y otros temas conversamos con el relator Edison Lanza.
–¿Por qué en ese estudio que identifica las regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión, incluyen a la frontera de Paraguay?
–Hicimos un estudio georreferenciado para saber cuáles han sido los lugares donde en los últimos veinte años se ha registrado mayor concentración de agresiones contra los periodistas. Hay varias zonas en la región, pero elegimos tres que nos parecen emblemáticas para demostrar cómo opera el crimen organizado, la violencia administrativa o de agentes estatales que están involucrados en corrupción, respecto a estos temas.
Se trata de Maulipas, México, donde empezó la práctica de atacar a los medios, agredir y asesinar a los periodistas; Mazatenango, en Guatemala, donde matan a dos periodistas en un mismo episodio, y estudiando América del Sur, nos parece muy significativa la situación de la frontera de Paraguay, por la concentración de asesinatos que hubo en esa zona desde 1991 a la fecha, con casos conocidos por todos, como el de Santiago Leguizamón, Pablo Medina, entre otros, y la situación de periodistas, como Cándido Figueredo, que tienen que trabajar con protección policial, y por el hecho de que cuando se investigan estos hechos aparecen políticos locales involucrados, como en el caso Medina.
–¿Qué obligaciones y medidas debe adoptar el Estado cuando se identifica una zona donde hay una situación de violencia, un riesgo estructural?
–El Estado debe prevenir situaciones, proteger a los periodistas en situación de riesgo y realizar una investigación completa para encontrar a los autores materiales e intelectuales, y también describir y hacerle conocer a la sociedad en su conjunto, cuál es el móvil. Es decir, por qué asesinaron a un periodista, a quién molestaba su investigación o sus críticas. Cuando todo eso funciona, cuando se logra ese círculo virtuoso, va a haber protección. Si fallan algunas de estas obligaciones, se puede reproducir y, como ocurre en la frontera de Paraguay-Brasil, cada tanto se repetirán esos episodios.
–¿Qué otras acciones pueden realizarse para evitar que crezcan los asesinatos y amenazas a periodistas?
–Se debe evitar que los dirigentes políticos y los funcionarios de gobierno ataquen a los periodistas. Que más bien destaquen el rol de la prensa y eviten acusar a los periodistas de traidores, mentirosos y responsabilizarlos de muchas otras cosas, lo que los coloca en una situación de riesgo. Y es que si los líderes de una sociedad dicen que los periodistas son los responsables de todos los males, sus seguidores van a atacar a los trabajadores de prensa.
Tiene que haber una política integral de libertad de expresión que incluya distribuir con criterios objetivos la publicidad oficial, y un respeto al ejercicio del periodismo en todas sus dimensiones.
–¿Y si la situación se agrava?
–Cuando el problema se eleva, la protección pasa por tener protocolos y programas especiales de protección. Si hay, como pasa en la frontera de Paraguay, asesinatos y tantas agresiones, y el Estado está impasible, no hace nada, ahí hay una responsabilidad por falta de protección.
Entonces esa protección pasa por establecer un programa concreto que coordine las áreas del Estado. Los propios periodistas pueden participar en la toma de decisión de a quién proteger y con qué medidas. La solución tampoco es poner un policía por cada periodista. Lo otro es actuar coordinadamente. Por ejemplo, si en una zona hay un periodista que tiene 2 a 3 amenazas, como sucede en Paraguay, hay un foco especial que la fiscalía tiene que tener para desactivar esas amenazas, desarticular el riesgo. Si la única forma de hacerlo, es detener a quien ha sido identificado como el responsable de esa amenaza y sancionarlo, como corresponde, pues se hace. Si no, dotarle al periodista de un guardaespaldas será solo un paliativo. Lo óptimo es que si hay una amenaza, se proteja al periodista, pero a la vez, se investigue e identifique al autor de esa amenaza.
–¿Qué pasa cuando las mafias son las que manejan determinadas regiones de un país?
–Ahí hay un problema más estructural. Puede haber una situación como la que usted dice: que las mafias infiltran al Estado. Entonces, la respuesta estatal en esa zona es débil o nula. Por eso hay que tomar medidas especiales en esos casos. Cuando el Estado central es consciente de que está pasando eso y hay una amenaza a un periodista, no hay que dejar que la fiscalía local investigue, porque esta tendrá miedo o también puede estar complicada. Debe darse una intervención desde afuera, designar un fiscal especial. Hay que tomar medidas drásticas y especiales, para situaciones especiales. No hay otra forma.
–Y si se empodera la narcopolítica y crecen los crímenes en una zona como la frontera de Paraguay con Brasil, ¿puede llegarse a niveles como los que hoy registra México?
–No quiero aventurar una cosa tan grave. Pero lo que sí puedo decir es que en varias regiones de México la situación comenzó así: Con un periodista que un día desapareció, y luego apareció muerto. Esto escaló y, por supuesto, cada vez que hay una amenaza grave, o un asesinato, ni qué hablar, es un llamado para toda la sociedad. Toda vida tiene el mismo valor, pero el asesinato de un periodista es gravísimo para la sociedad. Tiene una significación especial porque está relacionado con la pluralidad de valores y de principios. Afecta a la democracia, más cuando es a consecuencia de estar investigando a un grupo mafioso. La única respuesta posible es investigar a fondo, descubrir y sancionar a los autores, y dejar al descubierto cómo operan los grupos criminales.
–¿Cuál es un ambiente propicio para la libertad de expresión?
–Tiene que haber varios elementos, como la prevención y la actitud de las autoridades frente a los medios de comunicación. La remoción de obstáculos, tales como el uso del derecho penal para reprimir expresiones que pueden ser de interés general. Además, un sistema de medios diverso y plural. Una policía y los distintos cuerpos de seguridad capacitados para tratar con la prensa y entender el rol que cumplen los periodistas en la sociedad. Normas para asegurar y limitar el poder del Estado para evitar incidir en los medios, y capacidad ética y profesional de los periodistas. Todos debemos cuidar la libertad de expresión.
Los Estados son los primeros responsables y obligados internacionalmente, pero también las empresas de comunicación y los periodistas, porque es el derecho más precioso que define a los seres humanos, y es el primer freno al autoritarismo.
–¿Preocupa la concentración de medios en América Latina?
–Sí. Cuando hay concentraciones de medios, es decir, cuando hay un grupo o dos que controlan todo el sector, y se ponen al servicio del gobierno de turno, esto tiene el mismo efecto que podía tener la censura. Se termina suprimiendo la diversidad de fuentes de información, puntos de vista y la pluralidad que debe haber.