Muchos países de América Latina han implementado programas de transferencias monetarias con corresponsabilidad desde por lo menos 20 años atrás. La mayoría ya cuenta con evaluaciones similares que muestran resultados positivos en salud, educación, nutrición y reducción del trabajo infantil.
La profundidad y la amplitud de estos impactos dependen de las políticas de salud y educación. Una política de protección social, en este caso, tiene como objetivo reducir los riesgos que conlleva estar en situación de pobreza. Niños, niñas y adolescentes en esta situación tienen una alta probabilidad de dejar de estudiar, de iniciarse en el trabajo prematuramente o de exclusión del sistema de salud.
La deserción escolar impide acumular capital humano, necesario para desenvolverse autónomamente en la vida y para construir una trayectoria laboral productiva y con seguridad social a largo plazo. El trabajo temprano es una de las causas de deserción escolar, incide negativamente en la salud y expone a la niñez a riesgos de explotación laboral o sexual. Los costos de estudiar o la necesidad de trabajar y aportar al hogar obligan a las familias a tomar decisiones que a la larga afectan negativamente al bienestar de la infancia y adolescencia.
La exclusión de los servicios de salud se produce cuando las familias se encuentran lejos de los establecimientos de salud, cuando no tienen los recursos para transportarse, el tiempo necesario que requiere el traslado y la espera en el consultorio o cuando los servicios no son completos y exigen gasto individual en medicamentos o análisis laboratoriales.
Las transferencias en efectivo de los programas de protección social en América Latina han contribuido a que las familias, especialmente niños y niñas, cuenten con los mínimos recursos necesarios para solventar estos costos. Las corresponsabilidades generan la obligación de las familias de cumplir con determinados requisitos para permanecer en el programa y la obligación del Estado de prestar los servicios de salud y educación necesarios.
La efectividad de Tekoporã depende tanto del mismo programa como de las políticas de salud y educación, ya que son estas las que deben proporcionar los servicios que no solo son necesarios para el cumplimiento de las corresponsabilidades, sino fundamentalmente porque son derechos establecidos constitucionalmente en nuestro país.
Los ministerios de Educación y Cultura y de Salud y Bienestar Social deben comprometerse en el corto plazo en la universalización de su cobertura y en el sustancial aumento de la calidad de sus servicios. La educación escolar básica y media, así como la atención primaria a la salud deben de una vez por todas ser objetivos prioritarios del Gobierno de manera a que contribuyan a romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza. Si no cumplen con estos objetivos, la lucha contra la pobreza queda en un discurso más de las autoridades de turno.
