En un contexto de déficit fiscal, bajos niveles de recaudación e incertidumbre mundial, el ritmo al que Paraguay se está endeudando resulta preocupante. Más aún si una importante proporción de la deuda se destina a pagar deuda.
Si, además, ponemos en consideración el hecho de que muchas de las obras que se están financiando con fondos provenientes del endeudamiento tienen escasa potencialidad para impulsar el crecimiento económico y el aumento de la productividad, las históricas deficiencias en la capacidad del sector público para hacer cumplir los contratos de obras, los sobrecostos incurridos en las obras ya iniciadas y los diseños inadecuados, la situación se torna aún más complicada.
El segundo problema es que el país no cuenta con información clara y transparente sobre la proyección de la deuda a futuro. La ley llave en mano, así como los pasivos contingentes de las alianzas público-privadas generarán más endeudamiento y probablemente a un costo mayor que el promedio de los quinquenios anteriores. Estos montos no se están informando adecuadamente y tampoco se incluyen en las proyecciones futuras.
Si bien el Gobierno ha realizado recortes en el Presupuesto 2017, estos son insignificantes para reducir sustancialmente el déficit público y garantizar mejores condiciones para el pago de las deudas contraídas.
Finalmente, tampoco se está cumpliendo el objetivo de reducir la evasión y elusión tributaria. En lugar de endeudar al país, esa hubiera sido una respuesta más razonable, equitativa y sostenible. Sin embargo, a pesar de que el Gobierno sabe que quienes tienen que pagar no están pagando, no toma los recaudos necesarios para cambiar la situación de manera estructural.
La salida está siendo muy fácil. El Gobierno quiere resultados, pero transfiriendo a los siguientes gobiernos la responsabilidad del pago, sin hacer el esfuerzo por recortar gastos para reducir el déficit público, ni modificando la estructura tributaria para que por lo menos parte de las inversiones que realiza sea asumida por esta generación y no por las siguientes.
En este contexto, no solo estamos frente a un escenario de desigualdades e inequidades pasadas y presentes, sino que está generando también una injusta situación generacional.
Las acciones gubernamentales planteadas para el año 2017 parecieran tener más objetivos políticos vinculados con la reelección que con la responsabilidad de conducir el país hacia el desarrollo y resolver los graves problemas que lo aquejan. El Gobierno debe rever estas decisiones y buscar alternativas sostenibles a largo plazo, superando la visión cortoplacista y, sobre todo, en el marco del diálogo y el consenso.