La modificación de varios artículos del decreto Nº 9371/12 que reglamenta el impuesto a la renta personal (IRP) por parte del Ejecutivo, generó ayer la primera reacción abiertamente contraria de gremios industriales y empresariales. Expresaron su total desacuerdo y responderán punto por punto a las modificaciones decretadas por el Gobierno, aunque ya adelantaron que tendrá efectos negativos en la economía.
El decreto Nº 6560, del Ejecutivo, que modifica la primera reglamentación citada, fundamentalmente reduce los gastos e inversiones que puedan ser deducidos a la hora de la liquidación del IRP.
A través de un comunicado, la Feprinco expresó su desacuerdo con estos cambios y sostiene que no fueron consultados ni consensuados con el sector privado, tal como se había hecho en años anteriores con la Ley Nº 2121 y su reglamentación.
“Con el nuevo decreto se destruye el propósito inicial de formalizar la economía, lo que se ha reflejado en el aumento continuo del impuesto al valor agregado (IVA)”, remarca.
Advierte que, mientras, la economía informal sigue gozando de buena salud. “Basta con salir a las calles a mirar la cantidad de comercios informales y de productos de contrabando que se venden abiertamente. Según datos del Ministerio de Hacienda, la informalidad supera el 50% de la economía y no hemos visto en tres años de este Gobierno, medidas reales y efectivas para combatir y disminuir esta problemática”, subraya el comunicado.
Agrega que otro motivo de preocupación es que el decreto es retroactivo y debe modificarse ya que el propio ministro de Hacienda declaró que, si hay errores, lo van a modificar.
Anuncian que harán un estudio acabado del contenido del decreto para presentar una posición detallada al Ejecutivo, esperando en esta ocasión, la apertura al diálogo.
ESPÍRITU. En debate con la prensa, el presidente en ejercicio del gremio empresarial sostuvo que esencialmente lo que defienden es el espíritu formalizador con que se estableció el IRP que permitía amplias deducciones, sobre todo, de las inversiones que se realizan con las rentas generadas por las personas.
Señaló que el momento que vive el Paraguay requiere de inversiones y “hemos visto en el pasado el crecimiento de la economía con este régimen”.
Sobre el argumento de la viceministra de Tributación, de que la reglamentación anterior no permitía el control del origen de las inversiones que se podrían prestar al lavado de dinero y otros ilícitos, el vicepresidente de la UIP, Luis Tavella, dijo que el lavado de dinero no tiene nombre ni apellido y no es la empresa la que comete el hecho ilícito.
Indicó que el problema de la economía paraguaya es que el cincuenta por ciento es informal, mientras el Ejecutivo lo que más vendió fue la flexibilidad y las ventajas que da el país con bajos impuestos para atraer inversiones. “Cambiar las reglas de juego es altamente peligroso porque quién va a venir a invertir así. De todo lo invertido el 80% fue capital nacional y no es que el paraguayo sacó su dinero afuera, sino invirtió acá y generó mano de obra”, subrayó.
El empresario Ricardo Carrizosa alertó que la Ley del IRP aún no fue implementada en un 100% y ya la cambian.
