La idea del equipo presidencial es reducir el costo de las tierras y que el Estado se haga cargo. Subsidiarán lotes no mayor a 10 hectáreas, cuyos beneficiarios formen familias en línea de pobreza y extrema pobreza.
El titular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, explicó que establecerán parámetros con la Secretaría Técnica de Planificación (STP) para definir los beneficiarios a fin de evitar que repitan algunos hechos de corrupción en el manejo de las tierras públicas.
Cárdenas dijo que no existirá un porcentaje absoluto para todas las colonias registradas en el Indert. La misma será el resultado del estudio de la situación de pobreza de las familias beneficiarias. “En primer lugar no se va a subsidiar tierras que sean mayor a 10 hectáreas. No se va a subsidiar a una familia que no forme parte de la pobreza extrema. Queremos atacar ese sector”, explicó.
Acotó que los porcentajes de subsidios serán diferentes y dependerá de la calificación que tenga cada colonia. “No es igual el porcentaje que podemos subsidiar a una colonia que está en Alto Paraná, donde la tierra es mucho más agrológicamente viable que subsidiar a una colonia con mala calidad de tierra ubicada en San Pedro”, argumentó.
Consideró que aquellos precios que fueron pagados de manera dolosa es en vista a que hay una mafia que adquiere tierras para la reforma agraria sin importar el precio que se pagaba por ellas. “La realidad es que el ente se encuentra obligado a traspasar lo pagado al beneficiario final y sujeto de la reforma. Si se compra una tierra muy inflada en su precio, lamentablemente, esa situación corrupta debe ser pagada por el beneficiario”, aseveró.
Acotó que cualquier persona que se encuentra en estado de vulnerabilidad puede a partir de la aprobación de la ley recurrir al Estado y solicitar el subsidio del precio de las tierras. “Si hoy está pagando una cuota de 10 millones de guaraníes y resulta que el estudio arroja que en esa colonia se debe subsidiar el 35 porciento, se aplicará ese porcentaje para todos los miembros de esa colonia”, apuntó. Añadió que analizarán el informe de la Contraloría para determinar si accionan en la Fiscalía en el caso de las sobrefacturaciones en administración de la era Lugo. El informe cuestiona compras de azúcar, poroto, sal fina y aceite en tiempos que Emilio Camacho era el interventor del Indert.