No hubo multitudes en las plazas, ni marchas en las calles, ni piquetes cerrando rutas. Solo activistas con carteles frente al Congreso, siguiendo el debate.
Y, sin embargo, fue una de las movilizaciones ciudadanas más contundentes y exitosas en defensa de la libertad y la democracia, aunque se haya librado más en redes sociales de internet, medios de comunicación y diálogos tipo lobby con autoridades y referentes políticos.
Lo que sucedió marca una interesante evolución en la dinámica política del Paraguay.
El proyecto de ley “que obliga a conservar leyes de tráfico” ya había obtenido una media sanción en el Senado, mientras gran parte de la ciudadanía —y quizás de la misma prensa—, no dimensionaba aún sus peligros totalitarios, ni sus conceptos claramente anticonstitucionales.
La iniciativa parlamentaria —quizás bien intencionada, buscando frenar la impunidad de algunos delitos cometidos a través de tecnologías digitales de comunicación— pretende obligar a empresas proveedoras a retener metadatos de sus clientes durante un año, y que las autoridades puedan acceder en forma irrestricta a dichos datos privados.
Significa —para dar un ejemplo— que puedan violar legalmente las correspondencias electrónicas privadas que los periodistas mantenemos con nuestras fuentes, a pesar de que la Constitución ampara la confidencialidad de las mismas.
Lo interesante fue la creativa y original campaña de información que desarrollaron los miembros de organizaciones de la sociedad civil, como la Ong Tedic y Amnistía Internacional, rebautizando a la ley con un caricaturesco y certero nombre (pyrawebs), que reflotaba la oscura figura de los siniestros soplones stronistas, uniéndola con los modernos sistemas de intervención estatal en la privacidad de los ciudadanos.
A los pocos días, ya nadie nombraba a la ley por su nombre original.
Quienes hayan podido ver la estupenda película documental Citizenfour, de Laura Poitras, ganadora del Oscar 2015, sobre el caso Edward Snowden, pueden dimensionar lo monstruoso de un Gobierno (en este caso, el de Estados Unidos) espiando a sus ciudadanos, como si todos fuéramos criminales sospechosos en potencia.
Es la pesadilla del Gran Hermano (de la novela 1984, de George Orwell) controlándolo todo.
Hay que destacar la actitud de varios diputados, que entendieron los riesgos y cambiaron su postura inicial, rechazando el proyecto.
Ahora cabe esperar que en el Senado tengan el mismo espíritu de apertura crítica.
Hay que buscar un modelo de leyes que nos protejan sin violar nuestra libertad e intimidad.
