EFE
En el capítulo sobre Latinoamérica del documento anual, publicado este miércoles, no aparece una frase que formó parte, con ligeras variaciones, de los informes emitidos por el Departamento de Estado al menos desde comienzos de esta década.
Se trata de la referencia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como “la principal amenaza terrorista en el Hemisferio Occidental”, tal y como aparecía en la edición relativa a 2015.
Ambos grupos siguen incluidos en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, y el informe vuelve a incluir a Colombia, junto a Venezuela, en su lista de países que suponen un “refugio” para terroristas.
Pero el documento rebaja la alarma respecto a las guerrillas colombianas, debido en buena parte a la aprobación el año pasado de un acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, y al inicio de negociaciones con el ELN.
“Colombia experimentó un descenso significativo en la actividad terrorista en 2016, según estadísticas del Ministerio de Defensa, debido en buena parte al alto el fuego bilateral entre las fuerzas del Gobierno” y las FARC, y la firma de la paz, indica el informe.
Desde agosto de 2016, “solo ha habido una confrontación letal” entre las fuerzas gubernamentales y las FARC, y el año pasado se redujo el número de civiles muertos en el conflicto, así como el de miembros de ese grupo y del ELN que “fueron asesinados en combate, capturados o se desmovilizaron”.
La amenaza de las FARC también se redujo en Panamá, donde en los últimos años la guerrilla colombiana usaba la provincia sureña de Darién “como base de operaciones, punto de descanso y recuperación y zona de rearme”, según el informe.
Con el apoyo estadounidense, “las autoridades panameñas han eliminado sustancialmente la capacidad de las FARC de operar en Darién, y la conclusión del proceso de paz en Colombia rebajó aún más la amenaza de la guerrilla” en Panamá, añade el documento.
En cuanto a Venezuela, el Departamento de Estado vuelve a acusar al Gobierno de Nicolás Maduro de mantener un “ambiente permisivo que toleró el apoyo a actividades que benefician a grupos terroristas”.
En concreto, denunció que Venezuela siguió albergando a individuos ligados a las FARC, al grupo terrorista español ETA y a simpatizantes de la milicia libanesa Hizbulá, y que “por undécimo año consecutivo”, Caracas “no cooperó adecuadamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos”.
El informe lamenta que el Gobierno venezolano “no tomara ninguna acción contra altos funcionarios venezolanos” que han sido sancionados por el Tesoro estadounidense debido a su “asistencia material” o su apoyo de otro tipo a las FARC.
En términos generales, el informe determina que en Latinoamérica y el Caribe hay “vulnerabilidades” como “fronteras porosas, capacidades limitadas para aplicar la ley y rutas establecidas de tráfico” de personas y drogas, que han “ofrecido oportunidades a grupos terroristas locales e internacionales”.
“La corrupción, las instituciones de Gobiernos débiles, la cooperación insuficiente entre agencias, una legislación débil o inexistente y una falta de recursos siguieron siendo las causas principales de la falta de voluntad política significativa para combatir el terrorismo en algunos países” del continente, apunta.
Pero “algunos países, como Brasil y Trinidad y Tobago, han hecho avances significativos en sus esfuerzos contra el terrorismo”.
Hay “algo de apoyo en Latinoamérica” a los grupos terroristas procedentes de Oriente Medio, y el Estado Islámico (EI) logró “reclutamientos limitados” procedentes de la región en 2016, mientras que Hizbulá “mantuvo algunos apoyos financieros” y logísticos en el continente.
