La donación de las tierras de Marina Cué por parte de la empresa Campos Morombí, que no es ni nunca fue propietaria del terreno, reveló el cinismo y la incoherencia de varios sectores políticos y el mismo Gobierno a la hora de defender el patrimonio público y los intereses de todos.
Para Cartes, las tierras no son del Estado, porque no existe ningún título que así lo acredite. Bajo este mismo razonamiento, ¿cómo entonces el Gobierno puede aceptar la donación de Campos Morombí, que tampoco tiene un título de propiedad? Lo único que posee realmente la empresa es una sentencia favorable en un juicio de usucapión que ahora es discutida en un proceso impulsado por el Indert y la Procuraduría para titular las tierras a nombre del Estado.
Es decir que, por un lado, instituciones dependientes del Ejecutivo reivindican a nivel judicial las tierras como del Estado y, por otro lado, el mismo Gobierno reconoce la titularidad de Marina Cué al aceptar la donación.
Al presidente y a sus asesores no les conviene discutir en profundidad el tema por el evidente absurdo que representa aceptar la caridad de una empresa que pretendió arrebatar –incluso en varias ocasiones hablaron de la mala fe del juicio de usucapión– un bien del Estado.
La ley no solo tiene problemas de fondo, sino que también posee serios errores de forma: el documento promulgado menciona un número de finca que no coincide con la identificación del padrón. Es decir, la finca “donada” no corresponde a Marina Cué y está titulada a nombre de otra empresa, que nada tiene que ver en el asunto.
Esta situación fue advertida por la directora de Registros Públicos, Lourdes González. La funcionaria también fue tajante al aclarar que no se puede aceptar una donación de un inmueble por parte de una persona física o jurídica que nunca fue titular de dicha propiedad.
Aceptar las tierras como una “donación” de Campos Morombí implica, necesariamente, reconocer también que, antes de la repentina caridad de la familia Riquelme, las tierras eran de la empresa. Se trata de derribar una postura tomada por el Estado desde hace años y deslegitimar la lucha social más emblemática de nuestros días.