Los docentes y personal de blanco serían dos de los sectores afectados por el veto del Poder Ejecutivo al Presupuesto 2017.
El documento sancionado por el Congreso estipulaba un aumento salarial del 15% para docentes de la Educación Escolar Básica, directores, coordinadores y supervisores, y 10% para los profesores de la Educación Media, a partir de julio del próximo año.
Los legisladores también decidieron otorgar un incremento del 12% para las enfermeras, odontólogos, bioquímicos, entre otros, y 18% para médicos, a partir del segundo semestre del 2017.
Esas decisiones quedarían a un lado en caso de que ambas Cámaras del Congreso no rechacen el veto presidencial. Si hay diferencias de criterio entre el Senado y Diputados, el documento pasará al archivo, según establece el artículo 209 de la Constitución Nacional.
Así como está planteado el escenario, el plan del oficialismo es que la Cámara de Diputados acepte el veto (necesitan 41 votos de los 80 posibles).
¿Qué pasará con el Presupuesto?
El plan del Poder Ejecutivo es justamente dejar sin efecto la Ley de Presupuesto 2017 y que quede vigente el del 2016, en el que se contemplaba la emisión de bonos soberanos por USD 1.000 millones
Sin embargo, para la senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista, eso sería una violación a la Carta Magna, nombrando el artículo 2017.
“Si el Poder Ejecutivo, por cualquier razón, no hubiese presentado al Poder Legislativo el proyecto de Presupuesto General de la Nación dentro de los plazos establecidos, o el mismo fuera rechazado conforme con el Artículo anterior, seguirá vigente el Presupuesto del ejercicio fiscal en curso”, refiere ese articulado.
La Ley de Presupuesto General de la Nación para el 2017sancionada asciende a G. 67,4 billones (USD 11.662 millones). Esa cifra implica 2,5% menos que el proyecto del Ejecutivo y 0,3% menos que el 2016.
Pero debido a las subas salariales sin financiamiento, el déficit pasa del 1,5% (establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal) al 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
RECHAZO.Una de las principales críticas del Ejecutivo hacia el proyecto sancionado es el recorte que hicieron a la emisión de bonos soberanos de USD 558 millones a USD 350 millones. Los senadores tomaron esa decisión para frenar el ritmo acelerado de endeudamiento público.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Santiago Peña, sostuvo que se ponía en peligro el pago de las deudas, e incluso advertió de un posible default. Los senadores disidentes y opositores lo tildaron de exagerado.
Además, critican los límites a la ejecución de la política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP).
OTROS DATOS. Para el ejercicio fiscal 2017, también se había sancionado que los organismos y entidades del Estado cuyos funcionarios cuenten con cobertura de seguro médico sanatorial y odontológico privado, a través de empresas y/o entidades privadas o corporaciones nacionales, no podrán abonar más de G. 1.500.000 por cada funcionario
También se estableció que los créditos presupuestarios programados para el servicio de catering (bocaditos y otros gastos de ceremonial) no podrán sobrepasar la suma de G. 500 millones anuales, en cualquiera de sus fuentes de financiamiento, de todos los organismos y entidades del Estado.
