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Opinión
domingo 15 de mayo de 2016, 01:00

Diputados puede sumarse a la patriada

Por Luis Bareiro
Por Luis Bareiro

El domingo pasado les decía que había que aprovechar la situación generada por los estudiantes, que tomaron colegios y exigieron cambios en la educación, para aprobar una ley de emergencia que acelere la ejecución de proyectos de educación que ya existen y que están varados en el fango de la burocracia.

Pues bien, los diputados se aprestan a tratar esta semana una ley con ese carácter. La intención es buena, pero creo que hay que introducir algunos cambios sustanciales en el proyecto original para que realmente funcione.

El proyecto de ley que se presentó el jueves último declara en emergencia la educación autorizando al Ministerio de Educación y a los municipios y gobernaciones a realizar contrataciones directas por la vía de excepción, por dos años. Eso supone abrir una peligrosa ventana por la que se puede meter una montaña de corrupción.

Si estando obligados a licitar los gastos en educación casi el noventa por ciento de los municipios y gobernaciones no pueden justificar siquiera en los papeles el uso del dinero, no quiero ni pensar lo que podría pasar si les autorizaran a gastarlo de forma directa.

No es solo un problema de corrupción, es, principalmente, un problema de escala de mercado y de escasez de capital humano. Me explico. Si cada municipio tiene que licitar la construcción de un aula o dos y de un baño –o incluso contratar a quien realice el trabajo de manera directa– las adjudicadas serán empresas montadas para el efecto, sin mayor experiencia y ningún respaldo financiero. Así, las obras se hacen a la velocidad del desembolso público –que siempre es lento– y con una dudosa calidad porque es absolutamente imposible que cada uno de los más de doscientos municipios cuente con personal con capacidad técnica para fiscalizar la construcción.

Lo que la ley debería permitir es que esos fondos atomizados hoy entre municipios y gobernaciones se sumen a un solo fondo común que financie el plan general del Ministerio de Educación para reparar y ampliar un total de cinco mil escuelas y colegios, en un periodo de dos años.

Ese proyecto mayor debería ser ejecutado por las carteras que concentran a los técnicos del área, Obras Públicas, Senavitat y el propio MEC, y las gobernaciones y municipios constituirse en los fiscalizadores de las obras.

Una vez que las construcciones y reparaciones generales hayan concluido los fondos podrán retornar a municipios y gobernaciones, pero para que los destinen exclusivamente al mantenimiento de la infraestructura remozada (hoy no hay dinero para ese rubro por eso las escuelas y colegios se deterioran rápidamente). Por último, la ley puede reordenar la distribución de esos fondos de acuerdo con la cantidad de escuelas y colegios que tiene cada municipio y no según el grado de cercanía de Itaipú como contempla absurdamente la legislación vigente.

Con mucho de sentido común y de renunciamiento a sus intereses partidarios, los diputados pueden este jueves sumarse a la patriada de los estudiantes y hacer historia.