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Política
lunes 31 de julio de 2017, 01:00

Diputados cajonean proyecto de ley que busca poner fin a los planilleros

El documento, que apunta a controlar a los que ganan jugosos salarios y usan cargos y privilegios para no cumplir con las tareas que se les asigna, se presentó hace dos años pero duerme en comisiones.

El proyecto contra el planillerismo que está varado desde hace meses en la Cámara de Diputados es otra de las deudas que tienen los legisladores con la ciudadanía.

El proyecto puede poner mayor control y rigor sobre quienes ganando jugosos salarios y bonificaciones como funcionarios públicos, utilizan el cargo y sus privilegios sin cumplir con la labor ni las horas de trabajo.

Pese a la cantidad de casos de planilleros detectados en los últimos tiempos y la utilidad que tendrá una normativa para detectar a quienes no cumplen con su horario de trabajo o simplemente, no trabajan para el cargo al cual fueron asignados, el documento duerme en las comisiones asesoras de la Cámara Baja.

El documento no colisiona con la Ley de la Función Pública tal como argumentaron algunos legisladores. Es más, complementará dicha ley.

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Objetivo. El proyecto plantea que una auditoría establezca métodos de control diario, para revisar si los funcionarios son aptos, cumplen sus horarios, si el salario y bonificación que se les paga tiene correspondencia con las tareas que realiza, etc.

"Sería interesante que se dé la importancia al pedido y que se reflote esta intención de ley. Hasta ahora no ha pasado el estadio de comisiones", dijo el diputado Celso Kennedy, uno de los proyectistas.

Dijo que sus colegas han planteado excusas para no dar cabida al proyecto ni para que sea tra tado en el seno de la plenaria y por tal motivo quedó congelado.

El proyecto establece que empresas dotadas de experiencia en el control de personal se encarguen de una auditoría.

"La auditoría debe determinar, por ejemplo, si el funcionario es idóneo para el cargo y su función es equivalente al salario", refirió.

El control prevé que la mayor atención se dirija a quienes ganan desde 5 salarios mínimos, es decir, más de G. 10 millones.

También se verificará si los que ganan a partir del salario mínimo y obtengan un pago extraordinario (bonficaciones) deban demostrar en base a qué lo recibieron.

Casos detectados. Los casos más llamativos y bastante extendidos a todas las reparticiones públicas, son los que relacionan a funcionarios públicos que aún marcando en su horario ordinario, en realidad dejan la institución para realizar tareas particulares fuera de la institución. En muchas casos son funcionarios de confianza de personas que están en situación de poder sean estos legisladores, ministros, directores o presidentes de entes.

Igualmente, hay funcionarios que perciben salario que no son acorde a la función que desempeñan como caso de mozos, ordenanzas y los famosos "asesores" que no cumplen tarea específica y que, finalmente, se convierten en meros choferes o guardaespaldas de los legisladores o directores en caso de otras reparticiones estatales.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), la Universidad Nacional de Asunción (UNA), el Poder Judicial y ambas Cámara del Congreso han sido escenarios de escandalosos casos de planillerismo que fueron denunciados pero duermen en los estrados judiciales.

El proyecto para terminar con el planillerismo fue presentado por Kennedy y el diputado por Central, Édgar Acosta, hace dos años, pero no fue sometido a consideración de la plenaria por falta de dictamen.

Desafío. Para la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Humberto Peralta, será de mucha utilidad la aprobación de dicha herramienta legal.

No obstante, para el alto funcionario hay una realidad que se debe superar primero que es el incumplimiento de parte de las mayorías de las reparticiones públicas de la propia ley de transparencia.

La Ley 5189 "Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay", solo es cumplida con ciertas entidades por lo que la SFP procedió a multar a los responsables de los entes que siguen violando la ley.