Nunca hubo tantos parlamentarios procesados por casos de corrupción como en el actual periodo legislativo que culmina el próximo 1 de julio.
Una quincena de congresistas, incluyendo al Parlasur, fueron desaforados en este ciclo.
A pesar de esto, el diputado colorado por Paraguarí, Tomás Rivas, pretender ser la excepción y para esto encontró el apoyo de sus colegas en la Cámara Baja.
Rivas fue imputado por hacer figurar como funcionarios a su cargo en la Cámara a tres empleados particulares suyos, que en realidad no prestaban servicio alguno al Estado, sino trabajaban en sus propiedades en Lambaré y en el Departamento de Paraguarí.
Días atrás, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados decidió postergar su dictamen sobre el desafuero de Rivas hasta tanto se resuelva una apelación planteada por la defensa del legislador, a pesar de que nunca se sometió al proceso.
Así, su desafuero puede tardar meses o años, ya que tras la sentencia de segunda instancia aún puede acudir a la Corte Suprema de Justicia.
OPERACIÓN. El pasado 21 de mayo, el juez penal de Garantías Rubén Riquelme comunicó a la Cámara de Diputados la imputación, a fin de que se resuelva sobre el desafuero de Rivas y este pueda someterse al proceso penal.
Días antes, el presidente de la Cámara, Pedro Alliana, aseguró que “no se pondrían trabas a la Justicia”.
Tras esto, el abogado defensor de Rivas, Emigdio Aliendre Morel, planteó una apelación general en contra de la resolución del juez por la cual comunica a la Cámara la imputación.
Aliendre Morel integra el estudio jurídico del diputado Clemente Barrios (también colorado de Paraguarí) y además es concejal departamental de Paraguarí.
En su apelación, Aliendre también solicita al juez que informe de esta apelación a la Cámara de Diputados.
Todo esto, a pesar de que oficialmente, Rivas no se sometió al proceso, debido a que sigue con fueros parlamentarios; es decir, que aún no sería realmente parte del proceso, indicaron fuentes judiciales.
El juez Riquelme efectivamente informó sobre la apelación a Pedro Alliana.
Acto seguido, el pasado 6 de junio, la Comisión de Asuntos Constitucionales postergó el tratamiento y el titular de la comisión, Ramón Romero Roa, aseguró a la prensa que la comisión iba a dictaminar a favor del desafuero, hasta que llegó el oficio del juez que informó sobre la apelación.
¿Sorpresivo? “Lo sorpresivo es la remisión de este oficio de parte del juzgado; nunca se ha dado (...) Estábamos con la idea de proceder al desafuero, pero el oficio hace que suspendamos la decisión”, expresó Romero Roa.
Difícilmente el oficio judicial sea “sorpresivo”, teniendo en cuenta que fue a pedido de Emigdio Morel, quien trabaja de cerca con el diputado Clemente Barrios y este último también integra la Comisión de Asuntos Constitucionales. Además, su hijo, Daniel Barrios Gini, es el abogado de Lucio Romero, uno de los imputados en la causa.
Consultado por ÚH, Aliendre indicó que la apelación busca anular la imputación, debido a que supuestamente la Fiscalía no tuvo en cuenta una resolución de la Cámara Baja que autoriza que choferes y secretarios de legisladores registren su asistencia firmando en planillas, como fue el caso de los caseros de Rivas.
El legislador fue reelecto para el próximo periodo que arranca el 1 de julio. Milita en las filas del cartismo.