El Tribunal Constitucional de Chile refrendó esta semana la legalidad del proyecto de ley que despenaliza la eliminación de un ser humano en el vientre materno. De esta manera, de la mano de su presidente socialista Michelle Bachelet, impulsora del proyecto, este país trasandino ingresa a la vergonzosa y oscura lista de países que vuelven legal la destrucción de niños y niñas por nacer, bajo tres argumentos amplios poco claros, que en la realidad implican la apertura al aborto libre, según se constata en países en donde están vigentes estas leyes.
Más allá de lo inhumano de esta normativa, alentada por grupos feministas y organizaciones no gubernamentales, con apoyo de Naciones Unidas, así como empresas que lucran con esta práctica, como la Planned Parenthood, es muy preocupante observar cómo estas leyes se instalan con la fuerza de la ideología de turno, totalmente alejados de una discusión con base médico-científica que tenga como fin la búsqueda de una verdad objetiva sobre el tema, en este caso, el bien supremo de la vida humana, única e irrepetible; pues, si matan a un futuro científico, deportista o artista chileno, este ya no volverá a nacer de otro útero.
Estamos hablando de políticas diseñadas para imponerse y que deben aplicarse más allá de la existencia de argumentos científicos y médicos reconocidos mundialmente, y que en este caso han expuesto con claridad que se dañará a un ser humano y no a un conjunto de células o a un pequeño cuerpo insensible. A lo largo de estos años de tratamiento se demostró que se cometerá un crimen y violará un derecho fundamental. Pero es como si todo ello no importara a los que promueven estas prácticas sustentadas en la destructiva Ideología de Género. Y esto es lo grave.
Hemos banalizado la vida humana por nacer con la complicidad de los gobiernos de izquierda o sometidos a organismos internacionales, y también de medios de comunicación y agencias de noticias que no solo plantean como un hecho “normal” el matar a un niño de 12 semanas de gestación, sino que incluso califican a sus críticos de ultraconservadores y hasta de retrógrados; como si defender la muerte intencionada de un individuo de la especie humana sea ser progresista.
“Esta ley debe salir porque es parte del programa del gobierno, y no hay argumentos médicos ni epidemiológicos que lo detengan”. Esta era la respuesta de las autoridades de salud de Chile ante los objetores de esta normativa, según comenta el doctor chileno Jorge Becker Valdivieso, médico cirujano, ginecólogo obstetra, especializado en Medicina Materno Fetal y experto en Terapia Fetal invasiva. En vano se presentaron estudios científicos y datos clínicos sobre la vida y desarrollo del feto, así como los daños y consecuencias sicológicas y físicas que acarrean en la mujer este tipo de prácticas. Tampoco importaron los planteamientos de políticas de acompañamiento como opción para las mujeres en situación vulnerable. La decisión estaba tomada; es el avance de la dictadura de la muerte.
Y nuestro país también está expuesto a estas leyes que niegan el sustento científico y biológico, por ello, aquí urge recordar que ningún bien social se podrá construir jamás despreciando la razón, olvidando a las madres y pisoteando la sangre de pequeños inocentes.
