Si algo de bueno tenía la gestión del presidente Horacio Cartes hasta antes de exhibir públicamente su afán de continuar en el Palacio de Gobierno, tras cumplir su actual mandato constitucional, era que para los cargos públicos más relevantes había tenido –por lo general– el criterio de nombrar a personas capaces.
La designación de los ministros de su Gabinete fue una clara apuesta a profesionales relevantes que pudieran llevar adelante con eficiencia sus respectivas carteras de Estado. Esta estrategia, en algunos casos, le dio resultados adversos porque es evidente que a una gestión técnicamente aceptable tiene que acompañar componentes políticos del mismo nivel.
A partir de la última convención del Partido Colorado, sin embargo, el jefe de Estado cambió públicamente su postura. Si hasta antes de esa instancia había negado rotundamente su afán de continuar en el poder, desde ese hito dejó atrás su máscara de disimulo y trabajó abiertamente a favor de la idea de su reelección.
Su interés político le hizo rever su posición y cambiar de actitud.
Su primer gran viraje se dio al echar de su Gabinete al que hasta entonces era su inamovible ministro del Interior liberal.
Lo que los reiterados fracasos en la lucha contra la inseguridad no había logrado en tres años, se hizo posible en un santiamén gracias a la petición de coloradización completa de su Gabinete por parte de los convencionales de la ANR.
El reciente nombramiento de presidentes de seccionales al frente de instituciones públicas que exigen una clara idoneidad técnica ratifica que Cartes ha renunciado a seguir bregando por contar con funcionarios calificados para dar lugar a incapaces cuyo único mérito es apoyar sus ambiciones políticas.
Las lealtades basadas en prebendas son de pies de barro. No están basadas en convicciones, sino en el oportunismo de gente que utiliza la política como medio para conseguir sus propios fines, olvidando que la función de los administradores de instituciones del Estado es servir con eficiencia a la ciudadanía.
En esa postura se observa una contradicción del máximo responsable de la conducción de la República, quien, por un lado, promueve la ejecución de obras públicas con el propósito de obtener réditos favorables a sus pretensiones y, por otro, degrada su gestión al volver al antiguo vicio de colocar seccionaleros en las instituciones públicas.
Es evidente que el criterio es maquiavélico: no importan los medios para alcanzar los fines. Todo vale desde el poder. Ese comportamiento es censurable desde todo punto de vista, porque desacredita la gestión del Gobierno y retrotrae al país hacia un modelo que daba la impresión de estar en vías de extinción.