Édgar Medina
SANTA RITA
El conflicto por tierras pasó a la Justicia en el 2003, cuando abogados de la señora Mirian Inocencia de Riveros iniciaron un juicio por reivindicación de inmueble sobre 162 hectáreas pertenecientes a un grupo de 12 antiguos vecinos del barrio Nueva Asunción de Santa Rita.
El barrio está a tres kilómetros del centro urbano del distrito (63 kilómetros al sur de Ciudad del Este), donde las tierras tienen un alto valor económico por su rendimiento para la agricultura.
Los afectados poseen títulos de propiedad que datan de los años 70, con los cuales consiguen préstamos, hipotecas en bancos de plaza, pero sus documentos no son reconocidos en los juzgados, según sus denuncias. Son tierras de pequeños productores, que tienen entre 50 y 70 hectáreas, por donde cruza el rumbo del título de propiedad de la demandante, según antecedentes.
El intendente municipal, César Torres, sostuvo que es prácticamente una mafia instalada hace años, que afecta a varios sectores de la población y causa preocupación para la institución. Existen al menos cuatro casos de superposición de títulos identificados en el distrito, de acuerdo con sus dichos.
“Mis clientes tienen títulos que datan de los años 78 a 80, cuentan con mensura judicial cada uno, nunca fueron obje- tados sus planos georreferenciados, en geodesia como catas- tro, pero viene una señora que dice que su título de propiedad se encontraría en esta colonia”, relata el abogado Mario Vega, quien defiende a los colonos.
Los denunciantes señalan que es llamativo que la Justicia convalide un título que supues- tamente corresponde a una fin- ca de Ñacunday, pero cuyo pro- pietario está demandando a pobladores de Santa Rita, porque supuestamente su tierra está en ese distrito.
EL JUICIO. El juez civil Mario Aguayo ya firmó la sentencia definitiva ordenando la reivindicación del inmueble a favor de Mirian Inocencia de Riveros. El caso está manejado por el abogado Carlos Zarza, quien no interviene en el juicio, pero es el que contacta con la contraparte, según la versión de Vega.
“El juez dispuso el desalojo de estas personas sin tener en cuenta sus títulos de propiedad; o sea, estamos ante un caos jurí- dico, porque eventualmente si se concreta el desahucio, mis clientes serán echados de sus tierras con títulos de propiedad en mano”, alegó el abogado. Según afirmó, los títulos de pro- piedad de sus clientes no fueron argüidos de falsedad y que el magistrado Aguayo notificó a un muerto, que fue recurrida, pero los camaristas Sixto Melgarejo, Miguel Ángel Onieva y Perfecto Orrego rechazaron el pedido de nulidad de actuaciones del juez.
“Una injusticia”
El abogado Carlos Zarza sostuvo que la injusticia se está cometiendo contra la señora Miriam Inocencia. “Yo solo ubico a dos, los otros son prestanombres. Están usando al intendente seguramente por captar votos. También hay un muchacho de la Coordinadora Agrícola que está con ellos. Pero nosotros en la cancha le ganamos. Apelaron y le ganamos la apelación y también en la Corte”, afirmó el abogado Zarza.