La denuncia fue presentada por las gremialistas Kattya González y María Esther Roa Correa. Ahora el Ministerio Público debe estudiar el caso y definir si asigna o no a un fiscal al caso.
El escrito menciona publicaciones periodísticas referentes a la resolución tomada por los camaristas Carmelo Castiglioni, Juan Carlos Paredes y Fulvia Núñez como integrantes de la Sala Constitucional que estudia la acción de inconstitucionalidad planteada por Bareiro de Módica contra el artículo 19 de la Ley 609, que establece que los ministros de Corte duran cinco años en el cargo.
La acción de la ministra también ataca los artículos 3° y 5° de la Ley 1634/00, que establece el procedimiento para la confirmación de los magistrados del Poder Judicial.
Las denunciantes solicitaron a la Fiscalía que pida a la Sección Estadística del Poder Judicial copias de las resoluciones emitidas por los camaristas en el caso.
El Código Penal indica que el prevaricato se da cuando un “juez, árbitro y otro funcionario que, teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico, resolviera violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes”. La ley establece una pena de dos a cinco años de cárcel y en los casos especialmente graves la pena puede ir hasta los diez años.