04 may. 2024

“Debilidad regulatoria” en Educación Superior, bajo la lupa de consultores

Las propuestas en materia legislativa por parte de los expertos de la Universidad de Georgetown, EEUU, servirán de referencia para “reformular atribuciones” de los órganos reguladores de Educación Superior.

José Arce Fariña
José Arce, viceministro de Educación Superior,

“Ellos hicieron mucho hincapié en los aspectos legislativos: en la superposición de leyes y de funciones, la falta de articulación entre organismos reguladores”, expone José Arce, viceministro de Educación Superior, al reconocer que la consultoría encargada a la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, puede sentar las bases para reformular la actual Ley Nº 4995/13 de Educación Superior.

Esta normativa padece “vacíos y debilidad regulatoria”, según el informe que los expertos de esa institución entregaron al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). En julio próximo, los consultores entregarían el primer informe como parte de la fase inicial del plan de trabajo que culminará en marzo del 2018.

Arce menciona que los consultores analizan las últimas normas del sector, las leyes que crearon las entidades regulatorias al tiempo que realizan “legislación comparada” con las existentes en la región.

Es por esto que las propuestas de esos especialistas marcarían la hoja de ruta para ajustar la Ley 4995/13, en virtud de que, a priori, visualizaron “inocultables deficiencias que no subsanan los problemas acarreados por el marco legislativo previo”, indican los consultores con referencia a la polémica Ley Marcos, que permitió la proliferación indiscriminada de carreras y facultades.

“El desarrollo legislativo en temas de educación es insuficiente y hay áreas no desarrolladas, como, por ejemplo, la función docente”, señala el reporte que enviaron al MEC.

Refiere que la actual normativa posee “imprecisión semántica”, así como otras legislaciones de educación superior; lo que facilita la “discrecionalidad interpretativa”. Por lo demás, señalan los expertos, muchas normas aún no fueron reglamentadas o solo parcialmente.

En consecuencia, el control normativo “es deficitario resultando en un incremento de vacíos y debilidad regulatoria”, destacan.

Un ejemplo. “En varias reuniones realizadas, los referentes paraguayos ofrecieron distintas interpretaciones de los criterios, procesos, entes responsables y relación entre ellos; lo que impide al Gobierno implementar políticas públicas coherentes y de largo alcance. Esto resulta en una dispersión y superposición de competencias y responsabilidades de los entes públicos dando lugar a una difusa gobernabilidad de la educación superior, facilitando la instalación de poderes fácticos que finalmente han copado la toma de decisiones del sector”, reza el mencionado reporte.

Objeción. A renglón seguido, la Georgetown pone bajo tela de juicio que los rectores y docentes o estudiantes de las universidades e institutos superiores tengan a su cargo la regulación del sector.

“El Cones no cuenta con un presupuesto ni desarrollo institucional para cumplir con sus funciones (...). Además, su estructura orgánica, en la cual seis de sus miembros titulares son representantes de las universidades e institutos superiores y cuatro son representantes docentes o estudiantes de las mismas, compromete la efectividad e imparcialidad de esa institución que legalmente le compete la regulación de las universidades e institutos superiores”, destaca el informe.

Calidad. El documento que la Universidad Georgetown, de Estados Unidos, presentó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) también destaca que el sistema educativo de nivel superior en Paraguay está obsoleto y es disfuncional a las reales necesidades del país. “El sistema que sustenta la educación superior en su conjunto adolece de obsolescencia y es disfuncional, lo que le impide satisfacer las necesidades de la sociedad paraguaya; y lo que es más grave, las crónicas falencias están conduciendo a la eclosión del sistema en el mediano plazo”, señala.

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Por primera vez se hace un trabajo científico resultado de consultas, lideradas por profesionales de primer nivel y de un posicionamiento objetivo y neutral. José Arce, viceministro de Educación.