El Paraguay se convertirá en el primer país que establecerá un mecanismo de seguridad de periodistas en el que estarán involucrados los tres poderes del Estado, con acompañamiento de la Fiscalía General. Así será, si se concreta este anuncio.
La noticia debería provocar regocijo a los ciudadanos en general y a los periodistas en particular. Pero no es así.
El lunes se firmó una carta de intención en la Cancillería Nacional con la que el Gobierno Nacional se compromete con la cooperación de la Unesco a diseñar ese mecanismo para mayor protección del ejercicio periodístico en el país y así enfilar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas con los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Como ocurre históricamente en el Paraguay, cualquier iniciativa del gobierno de turno, primeramente despierta sospecha y dudas. La gente inicialmente se pregunta qué se traen entre manos las autoridades de turno.
Por lo general, anuncios positivos como este se asocian con la intención de distraer a la opinión pública de algún tema urticante o que haya provocado una fuerte polémica, con efecto en la popularidad de los gobernantes. O bien se asocian con los fines electoralistas que, normalmente, comienzan a potenciarse entre el tercer o cuarto año de gestión de un gobierno, como sucede ahora con el de Cartes.
En la Cancillería anunciaron que el mecanismo al que apunta será para impulsar iniciativas tendientes a fortalecer las políticas y la legislación vigentes en el Paraguay sobre la libertad de prensa y seguridad de periodistas. Implicará crear una comisión con representantes de los tres poderes del Estado.
Cuando hace dos años asesinaron al compañero de ABC, Pablo Medina, a través del Sindicato de Periodistas y del Foro de Periodistas Paraguayos se pidió a las autoridades nacionales que tomaran en serio las condiciones de inseguridad en que se desempeñan los colegas en regiones del país, donde dominan poderes fácticos, como el del narcotráfico y su vertiente más extendida últimamente, la narcopolítica.
Un grupo de compañeros periodistas trabajaron con la Policía Nacional en un protocolo de protección que, por el desinterés de los sucesivos comandantes, quedó en nada. Pero además, desde las dos organizaciones de periodistas se ha estado trabajando con la diputada Olga Ferreira, en un proyecto de ley de “protección de la libertad de expresión y ejercicio del periodismo”, que sigue pendiente de aprobación. Entonces, en este asunto, la cuestión es que hace más de un año el Gobierno tiene elementos para pasar de la intención a la acción. Algo que una vez más, veremos si sucede.
