19 mar. 2024

Cumplimiento

Por Wendy Marton – En Tw @WendyMarton

Alguien dijo alguna vez que en Paraguay no se necesitan más leyes, sino cumplir las existentes. A ello habría que sumar un principio fundamental: educar a las personas para que conozcan sus derechos y puedan exigir un mejor servicio, público o privado.

La Ley 1334/98 “De defensa del consumidor y del usuario” establece los derechos básicos del consumidor de un servicio público o privado, y los plazos que tienen las empresas o entidades públicas para resolver el problema denunciado por el usuario. Para controlar el cumplimiento de esta normativa, aunque aún con un presupuesto exiguo –apenas USD 820.614–, fue creada la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco).

El artículo 14 de la Ley 1334/98 señala en uno de sus incisos, que está prohibido a los proveedores de bienes y servicios aprovechar la ligereza o ignorancia del consumidor para lograr el consumo de sus productos o servicios.

Pero debido a que pocos conocen este derecho, permiten el abuso de empresas que promocionan un precio en sus exhibidores y terminan cobrando otro en sus cajas.

Con respecto a los servicios financieros, el Banco Central del Paraguay (BCP) tiene una oficina de defensa al consumidor financiero, donde se pueden radicar las denuncias contra las entidades financieras fiscalizadas por la banca matriz.

Pero poca gente conoce sus derechos y adónde puede acudir para la resolución de problemas. Las consultas a la oficina de defensa al consumidor financiero son escasas aún, debido a la poca difusión que existe sobre los servicios que presta. Además, las entidades financieras intermediarias aún no avanzaron en la educación financiera a sus clientes. Por ello, es elevado el nivel de endeudamiento y de morosidad. Lo mismo sucede con las cooperativas, donde pocos entienden que son dueños de estas instituciones y pueden decidir quién y cómo las administran.

Pensar en crear una nueva ley de defensa al cliente, sin tratar de que se cumplan las normativas existentes no será de ayuda. En cambio, sí servirá de mucho que las personas reclamen en las oficinas habilitadas para atender las quejas por mal servicio.

En la mayoría de los casos, la ignorancia hace que la gente prefiera callar los abusos a denunciarlos. Por eso desde el Estado se debe insistir en el cumplimiento de las reglas existentes. Es necesario que el programa educativo haga hincapié en explicar a los niños y jóvenes cuáles son sus derechos como consumidores, porque este es el único camino que permitirá acabar con el abuso del mal servicio público y privado.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.