10 de diciembre
Sábado
Poco nublado con tormentas
21°
28°
Domingo
Mayormente nublado
19°
30°
Lunes
Parcialmente nublado
22°
32°
Martes
Parcialmente nublado
21°
33°
Avatar
Avatar
Bienvenido,
Cerrar Cerrar
Cerrar
Login/Registración
Búsqueda
Cerrar
Opinión
viernes 8 de julio de 2016, 01:00

Cumplimiento

Por Wendy Marton – En Tw @WendyMarton
Por Wendy Marton

Alguien dijo alguna vez que en Paraguay no se necesitan más leyes, sino cumplir las existentes. A ello habría que sumar un principio fundamental: educar a las personas para que conozcan sus derechos y puedan exigir un mejor servicio, público o privado.

La Ley 1334/98 "De defensa del consumidor y del usuario" establece los derechos básicos del consumidor de un servicio público o privado, y los plazos que tienen las empresas o entidades públicas para resolver el problema denunciado por el usuario. Para controlar el cumplimiento de esta normativa, aunque aún con un presupuesto exiguo –apenas USD 820.614–, fue creada la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco).

El artículo 14 de la Ley 1334/98 señala en uno de sus incisos, que está prohibido a los proveedores de bienes y servicios aprovechar la ligereza o ignorancia del consumidor para lograr el consumo de sus productos o servicios.

Pero debido a que pocos conocen este derecho, permiten el abuso de empresas que promocionan un precio en sus exhibidores y terminan cobrando otro en sus cajas.

Con respecto a los servicios financieros, el Banco Central del Paraguay (BCP) tiene una oficina de defensa al consumidor financiero, donde se pueden radicar las denuncias contra las entidades financieras fiscalizadas por la banca matriz.

Pero poca gente conoce sus derechos y adónde puede acudir para la resolución de problemas. Las consultas a la oficina de defensa al consumidor financiero son escasas aún, debido a la poca difusión que existe sobre los servicios que presta. Además, las entidades financieras intermediarias aún no avanzaron en la educación financiera a sus clientes. Por ello, es elevado el nivel de endeudamiento y de morosidad. Lo mismo sucede con las cooperativas, donde pocos entienden que son dueños de estas instituciones y pueden decidir quién y cómo las administran.

Pensar en crear una nueva ley de defensa al cliente, sin tratar de que se cumplan las normativas existentes no será de ayuda. En cambio, sí servirá de mucho que las personas reclamen en las oficinas habilitadas para atender las quejas por mal servicio.

En la mayoría de los casos, la ignorancia hace que la gente prefiera callar los abusos a denunciarlos. Por eso desde el Estado se debe insistir en el cumplimiento de las reglas existentes. Es necesario que el programa educativo haga hincapié en explicar a los niños y jóvenes cuáles son sus derechos como consumidores, porque este es el único camino que permitirá acabar con el abuso del mal servicio público y privado.