Unas 800 familias se ven afectadas por el proyecto de la segunda etapa de la Costanera Norte de Asunción, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de las cuales 440 ocupan la franja de dominio de la traza principal, donde ya se liberaron unas 350 afectaciones.
Esto significa que unas 450 familias, incluyendo los frentistas de los accesos, siguen esperando respuestas de la cartera estatal y están en la incertidumbre de lo que pasará con ellos, según denunciaron ayer durante un foro y un festival que organizaron los pobladores en una escuela del Bañado Norte.
En el evento participaron autoridades invitadas de la Municipalidad y la ministra de la Senavitat, Soledad Núñez, quienes se comprometieron a abrir una mesa de diálogo para dar soluciones habitacionales. Sin embargo, autoridades del MOPC plantaron a los organizadores, pese a que fueron invitados para tratar la problemática.
“No estamos en contra del progreso, pero el progreso tiene que tener un componente social bien definido hacia la población bañadense. Hay afectaciones directas e indirectas, hay muchísimas familias ahora que están esperando ser censadas para ser indemnizadas o reubicadas”, expresó María García, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones de los Bañados de Asunción (Cobañados) y de la Coordinadora de Defensa Comunitaria del Bañado (Codeco).
Continuó: “Las obras avanzan encima de la población, hay casas que están siendo enterradas, las familias son enterradas vivas, con el peligro, con todo, es un riesgo total, no hay respeto a un derecho básico”, manifestó. Por otro lado, dijo que la única solución es que la Municipalidad otorgue 10 hectáreas de terreno de la zona a los frentistas, vía resolución, donde el MOPC debe hacer el refulado (relleno) para la construcción de viviendas.
Vale señalar que el MOPC previó USD 6 millones de dólares para indemnizar y reubicar a las familias afectadas. Sin embargo, no se sabe cuánto ya utilizaron de estos fondos. Según denuncian los bañadenses, lo máximo que la cartera ofrece a cada familia es hasta G. 50 millones, monto que consideran insuficiente para mudarse a otro lugar. Muchos, al no tener otra opción, y ante amenazas de llegar a la justicia, acuerdan dejar sus hogares.
VERSIÓN DEL MOPC. Ricardo Riego, encargado de catastro del MOPC, explicó que si bien hay problemas para liberar la franja de dominio, se van cerrando las negociaciones con las familias.
“Estamos trabajando de una manera coordinada, con la fiscalizadora, de repente hay algunos problemas con algunos de los afectados, pero en líneas generales, se viene haciendo un trabajo previamente social con la Dirección General Ambiental del Ministerio. Se van cerrando los temas, tarda un poco, lastimosamente, porque sacarle a una persona de su hábitat tiene sus problemas, es complicado, pero vemos los mecanismos adecuados para que estos cambios sean lo menos traumático posible”, enfatizó.
Las obras de la segunda etapa de la Costanera Norte de Asunción están siendo financiadas por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem). Se adjudicó al consorcio DR G. 361.575 millones (USD 65,7 millones al cambio actual), pero ya se encareció más de 47.000 millones (USD 8,5 millones).