16 de agosto
Miércoles
Mayormente nublado
13°
26°
Jueves
Despejado
16°
27°
Viernes
Parcialmente nublado
19°
28°
Sábado
Tormentas
16°
29°
Avatar
Avatar
Bienvenido,
Cerrar Cerrar
Cerrar
Login/Registración
Búsqueda
Cerrar
Sucesos
domingo 2 de julio de 2017, 02:00

Corte no sanciona a políticos afines a Cartes que se salvan usando chicanas

Los casos que salpican a políticos que dan su respaldo al presidente de la República, Horacio Cartes, se traban por años en sus respectivos procesos. Algunos lograron evitar ser acusados por la Fiscalía.

El primer beneficiado fue el senador liberal Enzo Cardozo –operó a favor de la enmienda–, quien no fue imputado por el desvío de G. 35.000 millones cuando era ministro de Agricultura y Ganadería, a pesar de que firmó varias resoluciones para los desembolsos de dinero, destinados para la agricultura familiar, según un informe presentado por el fiscal Aldo Cantero.

El agente investigaba otra causa penal contra Cardozo por supuesto desvío de G. 68.000 millones al MAG, por lo que arrimó un memorandum al fiscal adjunto de Delitos Económicos Federico Espinoza, para que se abra una nueva investigación.

No obstante, la fiscala Victoria Acuña, quien fue designada para llevar el proceso, tardó más de dos años para sacar una imputación. Finalmente, en mayo pasado imputó a 20 personas, pero no incluyó al senador liberal.

El senador también afronta un desvío de G. 3.700 millones que debían ser destinados a comités de productores a través de proyectos del Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope). En este proceso, la audiencia preliminar fue suspendida varias veces por las dilaciones.

El segundo favorecido por la Fiscalía Anticorrupción es el diputado del PLRA Fernando Nicora, quien no fue acusado por una supuesta estafa por el alquiler irregular de un predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos en Ciudad del Este, cuando estaba al mando de la institución.

El requerimiento conclusivo debía presentarse el 28 de octubre de 2016. Sin embargo, supuestamente por apelaciones no resueltas, la Fiscalía no presentó el escrito.

Nicora había sido abucheado y escrachado por jóvenes liberales al votar en contra del archivo del proyecto de enmienda constitucional.

más. El tercero que se salvó de ser acusado por el sobrecosto de obras en 15 instituciones educativas por un monto cercano a los G. 1.600 millones es el ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas. El Ministerio Público, en una actitud casi de complicidad, lo blanqueó con el sobreseimiento provisional.

El presente caso fue a parar hasta la Fiscalía General adjunta de Guairá y Caazapá, a cargo del fiscal adjunto Celso Sanabria, quien no tuvo otra opción que sobreseer provisionalmente a Cárdenas, ya que, según alegó, para presentar la acusación debía realizarse otras diligencias.

Esto a raíz de que los agentes fiscales Fabiola Molas, Teresita Torres, Luis Said Frágueda y Carina Sánchez habían sido recusados por el político colorado, ya que aparentemente estos iban a presentar acusación.

Cabe resaltar que Cárdenas está siendo investigado además como principal sospechoso en las irregularidades de las planillas pro reelección presentadas por la ANR.

El diputado colorado Carlos Núñez Salinas, aliado a Cartes, también dilata su causa. Este fue acusado por contrabando y producción de documentos no auténticos.

Otro es el senador colorado Víctor Bogado, quien chicanea el caso de la niñera de oro.

Embed


Fiscal adjunto lamenta que trabas sean constantes

El fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, había resaltado la importancia de que la Corte Suprema de Justicia logre destrabar los procesos de investigación penal contra los políticos que son investigados o en algunos casos ya acusados por diferentes hechos de corrupción. "En la mayoría de las causas donde tenemos acusaciones se presentan las trabas por parte de la defensa. Esa es una constante, realmente", indicó Espinoza.

A pesar de las chicanas, la Corte no aplica ninguna sanción a quienes realizan abusos para dilatar procesos, pese a la obligación de aplicar sanciones a los litigantes de mala fe.