La Corte Suprema de Justicia abrió un proceso administrativo a tres abogados que fueron denunciados por la Fiscalía por supuestamente trabar con chicanas la investigación al ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Alberto Ramírez Zambonini, y presuntos planilleros de la institución.
Días atrás, el superintendente general de Justicia, Rafael Monzón, solicitó informes al Ministerio Público sobre el estado de la causa penal.
El documento señala que el Consejo de Superintendencia decidió abrir un proceso administrativo caratulado “investigación preliminar a los abogados Osvaldo Bittar, José Domingo Almada y Fátima Jacqueline Méndez Báez sobre supuestas irregularidades en el ejercicio de la profesión”.
Estos tres abogados fueron denunciados ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema en noviembre del año pasado por el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. La denuncia señala que los profesionales “buscaron afanosamente, por todos los medios posibles, entorpecer la actividad investigativa”.
Según los antecedentes, a pocas horas de que la Fiscalía abra una investigación a los presuntos planilleros del TSJE, los abogados Almada y Bittar, como patrocinantes de las investigadas Clara Haydée Silveira de Radice, su hermana Gloria y su madre, Ana Arza, recusaron a un total de 14 fiscales en menos de 48 horas por su supuesta falta de objetividad.
Posteriormente, una vez que la recusación fue rechazada por el fiscal general, la abogada Fátima Méndez impugnó esta resolución ante la Sala Penal de la Corte Suprema. Meses después, la impugnación también fue rechazada.
En el documento remitido a la Fiscalía, Monzón solicitó que informen si en la investigación penal surgen como autores o partícipes del delito “sujetos bajo la potestad disciplinaria de la Corte”.
IMPUTADOS. Las actuales fiscales del caso TSJE, Nadine Portillo y Yolanda Portillo, informaron a la Superintendencia que se encuentran procesados Ramírez Zambonini y otros funcionarios de la institución; identificados como Clara Haydée Silveira Arza, María Gloria Silveira Arza, Ana Catalina Arza y Luis María López Benítez por los delitos de cobro indebido de honorarios y uso de certificado de méritos y servicios de contenido falso.
También están imputados Mayra Abdo Benítez, por cobro indebido de honorarios; Modesto Núñez, Víctor Báez Alfonso, María Isabel Quintana Ríos y Manuel Radice Zárate, quienes son indagados por los delitos de cobro indebido de honorarios y uso de certificado de méritos y servicios de contenido falso.
En el mismo proceso fueron incluidos la ex diputada de Avanza País Karina Rodríguez y su asesor español en la Cámara de Diputados, Lino Xavier Valencia.