En mayoría, los ministros de la Corte tienen afinidad con el cartismo, empezando por Alicia Pucheta, quien debe dejar la presidencia.
Su hijo Hugo Correa Pucheta fue nombrado a comienzos del año pasado en la Itaipú Binacional, en el departamento de Asesoría Jurídica, sede Asunción.
Luego está Raúl Torres Kirmser, cuya hija también fue premiada por el Poder Ejecutivo con un cargo diplomático en la Embajada de Austria. Valeria Eliana Amalya Torres Espínola es oficial en la embajada mediante el Decreto Nº 6423, del 30 de noviembre pasado, con un salario de 18 millones de guaraníes. El nombramiento se dio luego de una investigación periodística que la vincula en un caso de planillerismo en el Poder Judicial.
En tanto Antonio Fretes tiene varios parientes en la Función Pública; entre ellos está su hijo Amílcar Fretes Escobar, quien figura en las planillas de Itaipú, actualmente en la parte administrativa, con un salario base de 13.805.000 de guaraníes. Benítez Riera, pese a haber sido designado en la era Fernando Lugo, tiene afinidad con el sector de Cartes.
decisiones políticas. A instancias de la Corte Suprema de Justicia cayeron varios temas de contenido del ámbito político y electoral.
Uno de los temas que debe ser definido es la acción presentada por los abogados del senador y el ex presidente Fernando Lugo Méndez.
A finales del año pasado y antes del receso judicial, Marcos Fariña planteó una acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que habló de la inhabilidad de Lugo para presentarse como candidato a la presidencia de la República en las presidenciales de 2018. También el sector liderado por el senador Mario Abdo Benítez había planteado en noviembre del año pasado una acción de inconstitucionalidad en contra de las resoluciones dictadas por la convención ordinaria del Partido Colorado en donde se ordenaba acompañar la reelección presidencial desde el Congreso.
Y otro de los temas que podría terminar a instancias de la Corte Suprema de Justicia es si llega a aprobarse la enmienda constitucional en vista a que el cartismo está operando fuertemente para que sea tratado nuevamente en el Congreso, pese a que ya fue rechazado en el Senado.
Algunos legisladores ya están vaticinando que se planteará una acción de inconstitucionalidad y que recurrirán a todas las instancias necesarias para evitar una violación de la Carta Magna.
