En medio de cuestionamientos a la labor de seguridad de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y denuncias del aumento de hechos de violencia en la zona fronteriza del país, el proyecto de Presupuesto 2018 de la Policía Nacional plantea comprar solo 100 pistolas el próximo año.
Por su parte, el Ministerio de Defensa –otro de los responsables de la FTC– propone adquirir cortadoras de césped y estantes para libros. Según lo publicado por ÚLTIMA HORA, el próximo año el 79% de los gastos de las Fuerzas Militares serán destinados al pago de salarios, 15% a gastos operativos y 6% a inversión física.
En contrapartida, en el rubro destinado a material bélico, plantearon un recorte del 14%.
Los delincuentes tienen cada vez armas más sofisticadas y lo demostraron con dos ataques certeros y que serán recordados por mucho tiempo: el asesinato del empresario Jorge Rafaat, ocurrido en el 2016, y el asalto a una empresa transportadora de caudales en el primer semestre de este año.
Cada año, las instituciones de seguridad acuden al llamado de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso a mendigar por más recursos y desnudan su realidad: puestos policiales que se caen a pedazos, patrulleras inmovilizadas sobre tacos por falta de recursos para repararlas, escasas balas para agentes policiales, escaso personal con paupérrimo equipamiento en destacamentos militares, entre otros.
A pesar de que hace años se habla de trabajar en un presupuesto por resultados, el avance es muy lento.
Hasta ahora, son pocos los casos de corrupción cuyos procesos hayan tenido algún castigo y se haya cambiado la forma de trabajar luego de constatar las irregularidades. El único hecho recordado es la denuncia de mal uso de combustible, pero poco se sabe si en la administración de los fondos de los demás programas se descubrieron irregularidades y de ser así qué acciones se tomaron.
Los administradores de la cosa pública deben avanzar en fijar controles más rigurosos, principalmente a los relacionados con temas de seguridad. Aunque parezca una frase trillada, lo que no funciona debe ser cambiado y lo que sí potenciado.
Para ello, hace falta mejorar las políticas públicas relacionadas con la seguridad interna y la defensa del territorio. Seguir destinando presupuesto a los ministerios del Interior y de Defensa porque sí, sin analizar las necesidades reales ya no va más. Es más que evidente que la forma de encarar el combate a la inseguridad en la zona Norte del país no funciona, por lo que urge cambiar el sistema de trabajo.