Luis Godoy, director jurídico de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), informó ayer sobre la apertura de una investigación de oficio a la adjudicación de botellitas de agua mineral y otros ítems para servicios gastronómicos con montos sobrevaluados que otorgó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
La provisión de agua mineral con o sin gas en botella de 500 ml se estipuló en G. 14.000 por unidad y la jarra de jugo de 1 litro a G. 50.000. Diez bocaditos salados por persona le costarán al ente G. 50.000 y cinco bocaditos dulces por persona G. 40.000.
Hoy, tanto la convocante como el adjudicado serán notificados. “Les damos un plazo de 10 días a la entidad convocante y a todas las empresas afectadas para contestar el traslado de la investigación”, explicó Godoy.
La Conatel, a cargo de Mirian Teresita Palacios, contrató en el mes de octubre de 2015 los servicios de la firma Sensicred SA, representada por María Ocampos y Luis Alvarenga, para la organización de eventos internacionales, pese a no tener previsto ninguno.
El contrato tiene una vigencia hasta el mes de septiembre de este año.
El propio gerente internacional e interinstitucional del ente, Federico Ribeiro, indicó días atrás a este diario que el contrato no sería utilizado, ya que no se tienen previstos eventos de esa laya.
"(...) yo soy el administrador del contrato y hasta ahora no usamos tampoco, pero tampoco Conatel tiene este año previsto usar porque no tenemos ningún evento internacional”, sostuvo.
Demanda. Según explicó Luis Godoy, director jurídico de Contrataciones Públicas, la Conatel por la naturaleza del llamado, actualmente está obligada a ejecutar el monto mínimo del contrato.
Vale señalar que el monto mínimo del acuerdo asciende a la suma de G. 350 millones y el monto máximo se fijó en G. 700 millones.
“Por la modalidad, que es contrato abierto, la convocante le asegura y garantiza al oferente que va a ejecutar el mínimo, por ejemplo, hoy mismo la Conatel se encuentra obligada a ejecutar el monto mínimo”, aseveró Godoy.
Abordado sobre la posibilidad de que el ente no llegue a ejecutar el contrato sostuvo que se exponen a un reclamo. “Si yo te contrato y después no lo ejecuto por cuestiones imputables a mi persona te tengo que indemnizar”, agregó el abogado.
No obstante, indicó que el ente tiene la posibilidad de rescindir el contrato alegando motivos de interés público, “en el sentido de que si realmente fue muy elevado el costo, si es que no se basó en un análisis serio de mercado para establecer sus precios referenciales”.