El dictamen de la auditoría que realizó la Contraloría General de la República (CGR), al proceso de modernización del Aeropuerto Silvio Petirrossi, reveló que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) violó su propio pliego de la licitación para encubrir los antecedentes de incumplimiento de la española Sacyr, lo que facilitó a la firma seguir en competencia.
El organismo de control aseveró que el dictamen de la Dirección Jurídica del MOPC, que afirmó que Sacyr Concesiones SL no tenía participación accionaria en la concesión del Aeropuerto de Murcia, España, se elaboró sin que se haya consultado el tema al oferente, que es lo que establece el pliego. El dictamen fue elaborado por el asesor jurídico del MOPC, Dionisio Mereles.
De acuerdo con el pliego, el propio Comité de Evaluación debía solicitar las informaciones requeridas al oferente, a través de la administración contratante (MOPC), lo que justamente no se hizo, según la CGR. Con esto queda más que claro que el MOPC “improvisó” un documento para que Sacyr siga en carrera, sin verificar los datos con la propia oferente como se estableció.
Vale señalar que el dictamen de Mereles aseguró que Sacyr, que incumplió en Murcia –donde se le rescindió el contrato–, no es la misma Sacyr que participa de la licitación del Aeropuerto. La afirmación siempre fue discordante, pues se sabe que se trata de la misma compañía. El documento se elaboró a pedido de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), que es la única institución que puso en duda la continuidad del oferente en cuestión.
“No consta que el Comité de Evaluación haya realizado las debidas consultas al oferente en cuestión, conforme a las atribuciones que el pliego le confiere, de tal forma a obtener de este las aclaraciones con la documentación de respaldo, sobre situaciones que surgieron en la etapa de evaluación de la documentación técnica y administrativa, siendo las mismas de carácter sustancial”, reza en el dictamen de la CGR.
El ente contralor dejó en claro que “con la falta de documentación respaldatoria, que clarifique con suficiencia la situación legal del oferente, constituye una omisión del pliego, pues se trata de una abstención de incluir información o documentación requerida del proceso” (ver facsímil).
El pliego es bastante claro para la CGR, pues “la administración contratante (MOPC) podrá requerir al oferente la presentación de la información o documentación necesaria, dentro del plazo razonable”.
Defendieron DICTAMEN. El MOPC siempre defendió el dictamen jurídico, que según la cartera transparenta todo el proceso. Incluso, el propio titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, dijo en su momento: “Tenemos el dictamen jurídico que clarifica el tema y nos da a nosotros la tranquilidad de que no se trata de ningún incumplimiento de lo que establece la Ley APP. Por lo cual se autorizó a que continúe el proceso”, aseveró. Sin embargo, no siguieron sus propias reglas para sostener la afirmación.
Vale señalar que la CGR recomendó a Obras Públicas cancelar el proceso; es decir, declarar desierta la licitación, principalmente porque la institución convocante no realizó un proceso de precalificación a las empresas que participaron del llamado, el cual debe hacerse obligatoriamente en este tipo de proyectos, como está en el decreto reglamentario.
Hasta ahora, el virtual ganador de la licitación es el consorcio Sacyr-Agunsa (España y Chile), que ofreció un canon al Estado muy superior al de su competidor, Vinci Airports-Talavera & Ortellado (Francia y Paraguay).
Sacyr, que cuenta con reclamos judiciales en varios países, ya fue adjudicada por el Gobierno para la duplicación de las rutas 2 y 7, que también se lleva a cabo vía APP. La firma del contrato de la adjudicación de esta obra se realizó semanas antes de que la Contraloría se expidiera.
