El contralor general de la República, Enrique García, mencionó que va a difundir una posición cuando tenga a mano la copia de la imputación. Aunque adelantó que no va a renunciar a su cargo.
El fiscal Leonardi Guerrero presentó el viernes imputación contra la máxima autoridad de la Contraloría General de la República por los supuestos hechos punibles de producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso. Además, fueron procesados Julio Giménez y Rodolfo Duarte, funcionario de la Asesoría Jurídica de la Comuna.
El caso se había iniciado en el 2016. En ese tiempo, García era asesor jurídico de la Comuna. La empresa Ivesur en ese entonces ganó a la Municipalidad de Asunción una demanda sobre indemnización por daños por no exigir la inspección técnica vehicular (ITV) a los vehículos que entraban a la capital.
Cuando salió el fallo, el intendente Mario Ferreiro comunicó que la condena establece el pago de G. 8.000 millones en concepto de indemnización y G. 10.000 millones por intereses generados durante el proceso. Como intentando minimizar, había remarcado que Ivesur pretendía USD 12 millones.
Sin embargo, esta sentencia nunca fue apelada por García y cuando el caso tomó notoriedad, los ahora imputados estuvieron involucrados –según la investigación que derivó en la presente imputación– en un supuesto hecho de producción de documento falso, ya que presentaron una supuesta apelación extemporánea, con falsificación de firma, ya que la que aparece al pie del escrito de apelación no correspondería a ningún funcionario judicial, como se pretendió hacer pasar en ese momento.
Ahora la jueza Lici Sánchez debe decidir si admite o no la imputación. En caso de que decida admitir, podrá procesar y fijar fecha para la audiencia de medidas para los otros dos encausados. En cuanto al contralor, la magistrada deberá pedir al Congreso su desafuero.
otro más. Este es el segundo contralor que afronta una causa penal por supuestos hechos de corrupción. En una primera ocasión, fue imputado Óscar Rubén Velázquez por supuestamente haberles pagado salarios y horas extras a planilleros de la institución. El caso fue investigado por Última Hora.
Por otra parte, cabe destacar que, llamativamente, el fiscal Guerrero sacó imputación el mismo día en que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados comunicó que lo iba a investigar, luego de que este diario publicara que el abogado Guillermo Duarte mantuvo conversaciones con Raúl Fernández, para supuestamente pedir que blanqueen a su suegro Carlos Heisele en el proceso que se le sigue por el supuesto negociado de la línea 500 kV.
