A veces pareciera que las condiciones contractuales de las entidades binacionales no tienen impacto ni son comprensibles por un ciudadano común. Sin embargo, si las autoridades se preocuparan por proveer la información de manera sencilla y fluida, la ciudadanía tendría una opinión formada con base en datos ciertos y se fortalecería la democracia.
La forma en que el Gobierno manejó la información en las últimas semanas no conduce a lograr legitimidad ciudadana ni a la transparencia que se supone constituye una de las principales virtudes y avances de la presente gestión.
Es una lástima que, a pesar de existir resultados positivos para Paraguay producto de las negociaciones como la reducción de la deuda, el secretismo en el que se mantuvieron las reuniones con los representantes del país vecino y las propuestas de ambos países le dieron al proceso un matiz de desconfianza que desde ningún punto de vista es bueno para el país.
Ya suficientemente dividida está la sociedad por cuestiones políticas como para agregarle un elemento sin ninguna necesidad ya que este acuerdo debe ser aprobado por el Parlamento, por lo que tarde o temprano la ciudadanía y los congresistas podrán acceder a la información.
Los resultados de este nuevo acuerdo no serán menores para el país. El monto de la deuda negociada debe ser incorporada como parte de la deuda que hoy pesa sobre cada paraguayo y paraguaya.
Las tarifas por la energía afectan de manera directa a las transferencias que realiza la entidad al Gobierno Central. Estos recursos se incorporan al presupuesto público y financian servicios públicos necesarios para la ciudadanía como los de salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, entre otros.
Si bien el acuerdo se denomina de “reordenamiento financiero”, la revisión de las cláusulas económicas es de vital relevancia para el efectivo ejercicio de derechos sociales vigentes constitucionalmente que en parte se financian con recursos de Yacyretá.
La calidad de vida depende de estos servicios, por lo que los términos del acuerdo impactan de manera directa en la ciudadanía hoy y lo harán en el futuro. Es decir, no solo estamos frente a un evento que nos afectará a nosotros sino también a las generaciones futuras.
La ciudadanía no puede estar ajena a esta discusión y el Gobierno debe proveer toda la información necesaria para que el país debata de manera racional e inteligente sobre las ventajas y desventajas de las negociaciones entre ambos Estados. Necesitamos recuperar la confianza interna y la legitimidad de la política. Esta puede ser una buena ocasión para impulsar un debate nacional con vistas también a la futura negociación del Tratado de Itaipú.
