Si el gobierno de Cartes ha sido tan generoso de condonarle el pago de impuestos a los sojeros al inicio de su gobierno, lo que hubiera significado, entre otras cosas, que no se endeudara el país; si usó los fondos de todos para comprarles a los transportistas privados el 30% del valor de sus ómnibus sin que nadie tuviera ese porcentaje de acciones en dicho negocio y si a pesar de todo lo que se le dijo que no regalara más de tres millones de dólares a la Azucarera Iturbe porque ese dinero jamás retornaría a las arcas públicas, es lógico y natural que cualquiera, incluido el campesino –cuyo padre tiene una deuda de G. 70 millones por la compra de un surtidor–, se crea con derecho de que las deudas no se tienen que pagar o el Estado los debe condonar en paquete a todos. Se empezó mal y se está terminando mal. No se hicieron las cosas como se debiera y hoy debemos soportar acuerdos circunstanciales, caos en el tránsito, amenaza a la estabilidad del país y malhumor generalizado. Si desde el principio se hubiera obrado con coherencia, esto jamás habría pasado.
Si a todo esto le sumamos el deterioro de la llamada agricultura familiar que hace diez años generaba anualmente USD 4.000 de ingreso anual y hoy es menos de 1.000, es que estamos ante un problema serio. Y si además el anterior ministro Gattini no se sabe qué hizo con USD 50 millones de su cartera que no sabemos a qué bolsa se trasladó tenemos un cuadro de incompetencia, donde se mezclan en un cóctel explosivo: pillería, deuda real, incompetencia, improductividad y desgano a buscar soluciones de fondo. Los dirigentes campesinos saben que en tiempos electorales es cuando hay que cobrarle al Estado la acumulación de sus faltas y tienen capacidad de desatar un caos por más de una semana en el microcentro asunceno. Además, se creen con derecho a no dar la lista de reales deudores porque están seguros de que más de la mitad son unos pillos que se han subido al carro de los reclamos para aprovecharse de la coyuntura. Como en las ocupaciones de tierras hay también los que viven de este negocio que el mismo Gobierno por su incompetencia ha desatado como modus operandi desde hace años.
Si tuviéramos que pedir al Estado que nos condone el pago al IPS por un seguro médico que nunca usamos, por peajes destinados al cuidado de rutas y caminos que jamás se hicieron, por nuestros impuestos que solo sirvieron para incrementar los salarios del sector público en más de 400%. Si nos devolvieran lo que pagamos... seríamos millonarios.
Este Estado nos cuesta casi USD 13.000 millones al año, pero la calidad de sus servicios es pésima y los niveles de corrupción espantosos. En todos los indicadores de calidad está en último lugar, a pesar del pago de nuestros tributos que ahora ya serán deducidos antes del fin del periodo fiscal porque no hay forma de anticipar servicios porque sencillamente no hay dinero para las cuentas ordinarias acumuladas.
El Estado nos debe condonar el pago de tantas cosas que no sirven para hacer lo que se debe porque sencillamente entre ellos no hay voluntad ni compasión hacia los mandantes.
Que le pidan la condonación por deudas reales o irreales es solo el final de una mala fábula llamada: Estado paraguayo incompetente.
