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Sucesos
viernes 2 de diciembre de 2016, 02:00

Condenado a 26 años de cárcel por la muerte de Liz Teresita Arzamendia

El que redujo el celular de la víctima por 50.000 guaraníes fue sentenciado a 3 años de encierro. El fallo fue en forma unánime. La Fiscalía solicitó 30 años de cárcel, y 2 años para el coprocesado por el caso.

A 26 años de cárcel fue condenado uno de los motochorros procesados por la muerte de la joven Liz Teresita Arzamendia. El que compró el teléfono robado fue sentenciado a 3 años de encierro.

La pena más alta fue para Bartolomé Franco Leguizamón, quien fue hallado culpable de homicidio doloso agravado y robo agravado. Deberá cumplir su sentencia en el penal de Emboscada.

El hombre era el que conducía la motocicleta que llevó al menor a cometer el hecho punible, según se probó en el juicio oral.

Alejandro Nicolás González fue hallado culpable de reducción. Fue el que compró el celular de la víctima, por la suma de 50.000 guaraníes. El fallo de los jueces Olga Ruiz, Elsa García y Víctor Medina fue unánime.

EL HECHO. El crimen ocurrió el 17 de junio del 2014, a eso de las 18.15 horas, cuando Liz Teresita Arzamendia llegaba de su trabajo. Era seguida por los motochorros. Se probó en el juicio oral que fue el menor quien descendió del biciclo, que estaba al mando de Franco. La mujer, de 31 años y un hijo de 6 años, fue acuchillada dos veces, por lo que murió después a raíz de las heridas.

Le robaron la cartera con su teléfono celular y otras cosas personales. El teléfono fue adquirido luego por González, conforme con las pruebas.

Incluso, se probó que Franco se sacó una selfie sonriendo con el teléfono de la víctima, fotografía que fue exhibida durante el juicio oral.

En los alegatos finales, la fiscala Stella Marys Cano solicitó la pena de 30 años de encierro para Franco, por su participación en el crimen. Para González requirió dos años de cárcel, por su participación y porque ayudó en la pesquisa.

Los abogados querellantes requirieron igual condena. Por su parte, la defensa de Franco pidió la pena de 8 años, mientras que la de González solicitó la absolución y, en caso de condena, 2 años de cárcel, pero con suspensión de la ejecución de la pena.