Héctor Hernán Sosa, quien fue condenado en octubre pasado a 5 años de cárcel tras ser hallado culpable de trata de personas y producción de documentos no auténticos, seguía operando desde la comodidad de su celda vip, según pudo constatar una comitiva fiscal encabezada por la fiscala Teresa Martínez, que allanó ayer su lugar de reclusión. Incluso comprobaron que el hombre tenía la llave de su celda y salía y entraba las veces que quería.
La representante del Ministerio Público señaló que el procedimiento se inició a las 5.00 y culminó a las 9.00 y contó con el acompañamiento de agentes policiales del departamento de Antitrata de Personas.
Más de cinco celulares fueron incautados en su poder, que utilizaba para supuestamente captar a jóvenes y adolescentes, a quienes bajo engaños lograba convencer de mantener relaciones sexuales con él en moteles de San Lorenzo y Asunción, las filmaba y posteriormente las coaccionaba a ejercer la prostitución, según explicó la representante fiscal.
El modus operandi que utilizaba era que, valiéndose de un perfil falso en la red social Facebook, bajo el nombre de “Cinthia Carolina Rojas Ríos”, contactaba con las víctimas diciendo que era del staff de una revista. Les ofrecía trabajo como promotoras de la empresa.
Los hechos ocurrieron en mayo de este año. Las afectadas son dos jóvenes de 20 y 16 años, respectivamente.
CELDA VIP. La fiscala Martínez comentó que lejos está de ser la celda de una prisión; más bien se trata de una pieza con todas las comodidades.
“Cuenta con LCD, equipo de sonido, aire acondicionado, mixtera, licuadora, utensilios de cocina, una cama cómoda con sábanas, desodorante de ambiente, desinfectante, cremas y otros”, explicó la interviniente.
También mencionó que al allanar su lugar de “descanso”, el sentenciado se encontraba con una mujer. Asimismo, agregó que las paredes del dormitorio están revocadas y pintadas. Sosa fue imputado por la fiscala Martínez por los hechos punibles de trata de personas, proxenetismo y pornografía infantil.
LIBERACIÓN DE PRESOS. Por otra parte, ayer, el fiscal Enrique Díaz imputó al ex director del penal, Aldo Ulises Martínez Jacquet (38); al jefe de seguridad, Guillermo Manuel González Amarilla (48); al agente penitenciario Luis Alberto Morínigo Rivarola (41); al abogado Sergio David Huerta Pérez (30) y al médico Irio Ismael Monges Rodríguez por supuesta liberación de presos –por la fuga de dos ciudadanos turcos recluidos por narcotráfico–, y expedición de certificado de salud de contenido falso.