Padres y alumnos del Colegio Nacional Papa Juan XXIII de Caazapá denuncian que el contrato de inscripción para el 2018 que pretenden hacerles firmar tiene tinte autoritario.
Además, aseguran que se inmiscuye en la vida privada de las familias, prohibiendo a los jóvenes el noviazgo “fuera y dentro de la institución”.
Otro punto que llama la atención en el documento es que se exige no utilizar pantalones con manga chupín (al estilo de Cartes) en el centro educativo.
Además, el uniforme debe ser usado durante todo el curso lectivo, pese a que el MEC flexibiliza esta opción en los días de frío intenso o fuertes lluvias, priorizando la salud de los niños y jóvenes.
Pero los padres y estudiantes están obligados a firmar el documento si desean cursar en el local escolar de gestión oficial en el año entrante.
Controversia. Que los padres apoyen la gestión educativa, haciendo que su hijo “guarde decoro dentro y fuera de la institución evitando comportamientos que no concuerdan con el rol de estudiantes. Ejemplo, fuga individual o masiva, vida en pareja y falta de respeto a los directivos de la institución”. Esto es lo que dice exactamente el contrato.
Indisciplina. La directora del colegio, Norma Ledezma, manifestó que la nota fue consensuada con toda la comunidad educativa, teniendo en cuenta la indisciplina de los alumnos en la Media.
“Es un contrato que hacemos cada año, pero me sorprende que haya llegado a ustedes porque todavía no remitimos a los padres lo que será para el 2018", agregó la educadora. Remarcó que todavía no realizan matriculaciones. Este trámite se realizará recién en febrero.
Sin embargo, padres confirmaron a este diario que sí recibieron el papel.
Sobre la exigencia del uniforme, dijo que hoy en día los jóvenes van vestidos “de cualquier forma” a la institución.
“No hay respeto, van de cualquier manera y eso no está bien”, contó.
Descartó de momento la posibilidad de rever la solicitud para inscripciones.
“Yo no recibí ninguna queja de los estudiantes o de los padres en mi institución”, afirmó la directora.
Más denuncias. El cobro de aranceles para escuelas públicas es el denominador común en esta época, como ocurrió en la Escuela Talavera Richer de Lambaré, según denuncias de familiares de los alumnos.
“Nos quisieron obligar a pagar G. 50.000 por inscripción, pero luego de las numerosas quejas pagamos lo que pudimos”, denunció un padre de familia.
El modus operandi es el siguiente en la escuela lambareña: Los profesores se encargan de cobrar los aranceles, pero los recibos son expedidos a nombre de la Cooperadora Escolar (Ace).
