El referido documento establece sanciones económicas en escalas que van desde las faltas leves, graves y gravísimas, cuyos montos oscilan entre los G. 2.455.425 hasta la exorbitante suma de G. 12.136.815.
Entre las contravenciones más graves se tiene la de operar sin certificado de habilitación de la Dinatrán, carecer de póliza de seguros de accidentes a pasajeros y responsabilidad civil, intento de soborno o soborno a las autoridades y/o funcionarios de la Dinatrán, transferencia a terceros de las concesiones o permisos de explotación de servicios sin autorización, entre otros.
Uno de los puntos más irritantes para los conductores es el que prohíbe el ascenso de vendedores ambulantes al interior del vehículo, lo cual tiene una multa de G. 2.455.425.
Asimismo, los trabajadores del volante, que por asamblea decidieron ir a una huelga en caso de no ser atendidos sus reclamos, urgen levantar las cancelaciones que afectan a varias firmas o en su defecto licitar de nuevo los itinerarios.
POSTURA. Miguel Duarte, conductor de la empresa Alto Paraná, una de las que están canceladas, sostuvo que la lucha que inician no tiene retorno y que incluso puede derivar en un paro general de no ser atendida.
“Dinatrán cancela a más de 10 empresas y no da soluciones ni hace nuevas licitaciones. Aplica multas millonarias sin ningún tipo de consulta. Queremos que se derogue la Resolución 662 y se solucione el tema de las cancelaciones”, sostuvo.
El intento por conocer la posición del director general de Fiscalizaciones de la Dinatrán, arquitecto José Vernazza, fue en vano, ya que dijo no querer opinar sobre el tema.