“Al establecerse por decreto supuestos créditos fiscales para el 2017, viola la autonomía municipal, pues esas son atribuciones exclusivas y excluyentes de los municipios y se agrava cuando se realiza por medio de un decreto, ni siquiera de una ley”, explicó Ramírez.
Indicó, además, que la normativa estaría afectando el principio de irretroactividad de las leyes, también establecido en el artículo 16 que establece la no aplicabilidad de la ley en sentido retroactivo; es decir, si el decreto dice que se devolverá parte de sus contribuciones como crédito fiscal a los que ya pagaron sus impuestos con antiguos valores, se estaría aplicando de manera retroactiva la normativa, dijo el asesor jurídico de la Opaci.
Entre otros puntos, afirmó que el decreto atenta contra el principio de legalidad en materia tributaria, que establece que solo a través de una ley se pueden definir todos y cada uno de los elementos de la obligación tributaria, y no mediante un decreto, manifestó. El abogado insistió en que “el decreto genera una inestabilidad jurídica”, expresó.
