Mientras los verdaderos criminales se apoderan de Ciudad del Este cuándo y cómo quieren para hacer lo que quieren, el grupo Cartes –mediante el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón– está implementando en nuestro país el método mediante el cual el fundador de la dictadura venezolana, Hugo Chávez, y su sucesor, Nicolás Maduro, eliminaron a sus adversarios y se consolidaron en el poder.
Por lo visto, Díaz Verón recibió la orden que está ejecutando sin ninguna vergüenza, de asegurar la impunidad de Cartes en la represión que costó la vida a Rodrigo Quintana (http://bit.ly/2nV2NPV) (http://bit.ly/2ojV8Xp) y, de paso, eliminar a los posibles adversarios electorales del cartismo en las elecciones del 2018 en las que –según afirma el propio Grupo Cartes– ya no quieren participar con Horacio, sino con un títere en el oficialismo y con dos o tres comparsas en una supuesta oposición (Fernando Lugo y otros candidatos financiados por el Grupo Cartes).
Para entender el modelo venezolano que está implementando el Grupo Cartes con el concurso desembozado de Díaz Verón, voy a exponer el caso de Leopoldo López, líder de la oposición democrática venezolana, según el relato que se encuentra en Wikipedia, que es fácilmente chequeable vía Google con las fuentes originales.
“En el 2006, López fue el líder de la oposición a Chávez y trabajó como activista social para lograr reformas en el sistema judicial. En el 2008, tenía planeado postularse como alcalde de Caracas, pero debido a las denuncias de supuestas irregularidades encontradas en su gestión, la Contraloría General de la República dictó una medida de sanción en su contra inhabilitándolo a optar a cualquier cargo público hasta 2014. Su caso por inhabilitación fue revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió un fallo, por unanimidad, a su favor. No obstante, el Gobierno venezolano aclaró que no podía acatar el fallo de la Corte (...). Una parte de las manifestaciones de febrero del 2014 en Caracas se tornó en un conflicto que ocasionó 43 muertes, entre ellas de oficialistas y opositores. La Fiscalía General de la República de Venezuela emitió una orden de arresto en su contra, acusándolo de «instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir» (...). Posteriormente, después de dirigirse a una multitud de sus seguidores el 18 de febrero, López se entregó a la Guardia Nacional Bolivariana.
El 10 de setiembre de 2015 la Justicia venezolana lo declaró culpable de incitación pública a la violencia en las manifestaciones de 2014, que provocaron la muerte de 43 personas y cientos de heridos, y lo condenó a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión. Su encarcelamiento era objeto de controversia, y en octubre del 2014, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió la liberación de los detenidos en relación con las protestas” (http://bit.ly/2pTgEGL).
No es casualidad que habiendo Chávez y Maduro puesto a la Policía y Fiscalía venezolanas al servicio de la represión política de quienes critican al Gobierno, los índices de criminalidad de Venezuela sean los más elevados del mundo.
Los procesos de Díaz Verón con respecto a los hechos del 31 de marzo y 1 de abril pasados no son diferentes a los que se incoaron contra opositores en Venezuela. Son igual de burdos, igual de groseros, igual de inconsistentes desde el punto de vista lógico, igual de faltos de evidencia; son construcciones mediáticas para vender en el exterior la idea de que Cartes respeta las reglas, cuando todos los paraguayos sabemos, todo el Paraguay sabe, que ya no sabe qué hacer para convertirse en dictador eliminando a todos sus competidores.
La policía y la fiscalía de Cartes son muy rápidas, y están suficientemente equipadas contra quienes se manifiestan contra las aspiraciones dictatoriales del presidente, pero la policía y la fiscalía de Cartes quedan paralíticas frente a los verdaderos delincuentes, pues Horacio no impartió ninguna instrucción que no sea para reprimir a sus críticos: La venezolización de nuestros índices de represión y criminalidad es cuestión de tiempo.