Hoy comienza el 157° periodo de sesiones de la CIDH, en Washington DC, que se extenderá hasta el viernes. Aunque el caso Lugo no figura en las audiencias, el canciller nacional Eladio Loizaga aguarda que cuando llegue el momento, la CIDH estudie el caso “desprovista de una visión política, y se funde exclusivamente en una mirada jurídica de la denuncia”, teniendo en cuenta, dijo, que el proceso del juicio político al presidente Fernando Lugo se enmarcó en lo que establece la Constitución Nacional. “Es to es algo que evidentemente le puede dar credibilidad o no la CIDH”, resaltó.
El ministro de Relaciones Exteriores refirió que el Gobierno Nacional cumplió con todo lo que ha requerido la CIDH, elevando toda la documentación sobre el proceso parlamentario que dejó fuera del poder a Lugo.
“Incluso hemos adjuntado la opinión del presidente Lugo, ya en su calidad actual de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, sobre el juicio político a propósito del juzgamiento a los tres ministros de la Corte Suprema de Justicia, que revela que prácticamente es el mismo procedimiento que se le aplicó siendo presidente”, afirmó.
El ex presidente pide a la CIDH que recomiende al Estado su reposición y el pago de sueldos no percibidos, el pago por los gastos del juicio político que tuvo y el pago por el “daño a su honor”.
La remoción de Lugo fue considerada “una alteración del orden democrático”. Un “golpe parlamentario” por bloques como el Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), de los que el Paraguay, como castigo, quedó suspendido como miembro. Cuando se produjo, la propia CIDH había emitido un comunicado expresando su profunda preocupación ante la destitución del presidente de Paraguay, a través de un juicio político que, por su rapidez, plantea profundos cuestionamientos sobre la integridad del mismo. Esto, a criterio del canciller, fue una preopinión “que no debió darse”.