“Lamentamos mucho que cierto sector quiera lucrar con una cuestión de carácter social. No solo va a impactar de forma negativa hacia la imagen del Gobierno sino también sobre los intereses del Estado italiano porque finalmente esas tierras fueron donadas por los mismos”, enfatizó
Justo Cárdenas, este jueves en conferencia de prensa.
Las tierras ubicadas en la zona de Aguaraymí, Naranjaty y las conocidas como colonia Barbero Cué, del distrito de San Pedro del Ycuamandyyú, en el departamento de San Pedro, donadas por la República italiana al gobierno paraguayo, están a punto de ser rematadas mediante maniobras judiciales impulsadas por el ex presidente del Indert, Luis Ortigoza.
Agregó que lo que el Estado paraguayo puede realizar en estas instancias es buscar un camino jurídico para “impedir un mal mayor”. Teme que los más afectados sean las más de seis mil familias campesinas instaladas en el lugar.
Instó a los jueces que llevan la causa a dar una sentencia justa, que no afecte a las familias campesinas ubicadas en esas tierras.
“De ninguna manera se puede ni siquiera presumir que hubo buena intención en esa situación”, enfatizó el titular del Indert al referirse a la compra-venta de la deuda inmobiliaria.
Trató el hecho de una “tranza económica” de algunos que pertenecieron a la administración anterior.
Las 17.343 hectáreas de tierras fueron donadas el 12 de junio del 2012, un día antes de que ocurriera la masacre de Curuguaty, durante el gobierno de Fernando Lugo.
En el artículo 2 de la ley de la República Nº 4.732 se estipula que “La República del Paraguay no requerirá a la República italiana el pago de impuestos, tasas u otras contribuciones que pudieran pesar sobre el citado inmueble”.
Sin embargo, sobre el inmueble existe un expediente judicial caratulado “Benjamín Adaro Monzón e Ignacio Luis Ortigoza contra el Gobierno italiano sobre juicio ejecutivo”, tramitado ya desde el 2011.
El juicio fue promovido por Ortigoza como derivación de la venta por parte de la Municipalidad de San Pedro del 50% de la deuda del Gobierno italiano en concepto de impuesto inmobiliario de G. 130.702.129.
