Cuatro votos faltaron ayer en la Cámara de Diputados para impulsar el juicio político al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Sobre la hora se presentó un libelo acusatorio más de Avanza País, pero tampoco fue suficiente para impulsar el proceso.
El pleno de Diputados se reunió ayer de manera extraordinaria para tratar el enjuiciamiento que finalmente no prosperó. Estuvieron presentes 70 parlamentarios, se precisaban 47 votos y se consiguieron 43. Hubo 10 ausentes: 5 liberales y 5 colorados.
Los cartistas se abroquelaron y entre los 27 presentes defendieron y salvaron al titular del Ministerio Público.
Además de las posturas divididas entre las bancadas coloradas, también quedó en evidencia que la unidad en la ANR aún está muy distante de darse, como se empeñan en demostrar en algunos actos.
La bancada de Colorado Añetete presentó su propio libelo acusatorio, enfatizando que es la postura oficial de dicho sector y por sobre todo la línea del presidenciable Mario Abdo Benítez, que habló la semana pasada de desterrar los tumores de la corrrupción.
Por su lado, los oficialistas criticaron que las acusaciones se basen en publicaciones periodísticas y el uso de audios que fueron catalogados como ilegales. Igualmente utilizaron como argumento de defensa que hasta la fecha no se resolvió en el Senado el juicio político a tres ministros de la Corte Suprema de Justicia. “Mucho se habló de los audios que se utilizaron para censurar y destruir la vida de muchos, pero lo que nadie se animó a decir es que ninguno de estos audios se encuentra respaldado judicialmente”, dijo Bernardo Villalba.
Cuatro acusaciones fueron presentadas durante el largo debate, donde se escucharon las posturas a favor y en contra de Díaz Verón.
Debido a las varias acusaciones, los diputados decidieron conformarse en comisión para dictaminar. Posteriormente fueron a un cuarto intermedio de 10 minutos para consensuar una de las cuatro acusaciones presentadas.
CAUSALES. En ese sentido, el diputado liberal Víctor Ríos fue designado por sus colegas para mencionar las causales de juicio político. Explicó que los términos de la acusación se basan en el mal desempeño de funciones, usurpación del cargo, violación del régimen legal establecido para la designación de funcionarios y nepotismo, haber impedido el control de su administración por parte de la Contraloría General de la República y omisión de ejercer sus obligaciones de ejercer acciones concretas contra funcionarios fiscales involucrados en hechos de corrupción.
Así también mencionó como causal el atentar contra la integridad institucional, no haber asumido medidas correctivas ante la actuación irregular de funcionarios fiscales y persecución penal de inocentes.
El legislador señaló que la acusación debe ser estricta por aplicación del principio de legalidad y del debido proceso.
Indicó que dichos argumentos consolidan las causales presentadas por los distintos sectores.
Ante el argumento del colorado Bernardo Villalba, que los legisladores que están a favor del juicio de Díaz Verón se basan en audios ilegales para presentar sus acusaciones, Ríos le respondió que presentaron hechos objetivos que demuestran la existencia del mal desempeño de funciones, de usurpación y otras causas. “No necesitamos de audios para demostrar esto”, aseguró el liberal. Pese a los extensos argumentos, no hubo votos.
Familiares y amigos cuestan 1.500 millones
En uno de los puntos del libelo acusatorio de la bancada Colorado Añetete de la Cámara de Diputados, contra el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, se le acusó de mal desempeño de funciones por violación del régimen legal establecido para la designación de funcionarios y nepotismo.
En ese sentido, dieron a conocer una larga lista de las personas, familiares y amigos del titular del Ministerio Público que lograron ubicarse en la institución, en la mayoría de los casos sin concurso previo y sin contar con la capacidad para ocupar los cargos designados.
El nombramiento de ex niñeras, vecinos, sobrinos, amigas de la hija y la esposa del fiscal general le cuesta al Estado paraguayo más de 1.500 millones de guaraníes al año, según la acusación.
Éber Ovelar expresó que Díaz Verón prostituyó la Fiscalía, teniendo en cuenta que anteriormente los funcionarios eran de carrera y debían cumplir con ciertos requisitos para ocupar cargos.
