La medida de Cartes se da en momentos en que hay una fuerte polémica por la aprobación en la Cámara de Diputados de una ampliación presupuestaria para el pago de bonificaciones extraordinarias a los funcionarios de la Cámara Baja.
El asesor jurídico de la presidencia, Sergio Godoy, explicó que los funcionarios se deben regir por una sola ley y que en este caso es de la Función Publica.
Consideró que no debe establecer privilegios en el trabajo parlamentario ya sea en honorarios, jubilaciones y sanciones.
En el decreto presidencial, Cartes argumentó que en términos de reglas de protección de los trabajadores y la relación laboral de los funcionarios públicos, se encuentran suficientemente regulados por leyes generales entre las cuales principalmente se cuenta la Ley 1626/00 de la Función Pública.
Acotó que no existe ningún vacío legal que debe ser regulado en lo que atañe a la situación jurídica de los funcionarios del Poder Legislativo. Argumentó que la Ley de la Función Pública regula la situación jurídica de los funcionarios y empleados públicos que prestan servicios en la administración central que abarca al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial.
El Ejecutivo señaló que el proyecto de ley del Congreso buscaba darle un tratamiento diferente. “Sin embargo, no se verifican diferencias sustanciales en la modalidad de prestación de servicios de los funcionarios del Poder Legislativo que ameriten la vigencia de una ley especial, atendiendo a que las funciones que cumplen, en esencia, no son distintas a los demás servidores públicos”, expresa el decreto presidencial.
Agrega que la posibilidad de instituir un régimen de la función pública propio para los funcionarios administrativos del Congreso sería violatorio a la Constitución Nacional.
Acotó que no se justifica contar con instrumentos diversos de la Carrera del Servicio Civil porque se generaría un caos.
Antecedentes. El Congreso pretendía tener una norma propia que regule el sistema de ingreso, ascenso, promoción, remoción y demás derechos y obligaciones de sus funcionarios.
Establecían que para la cobertura de cargos vacantes intermedios, tendrán preferencia los funcionarios permanentes de la institución que llenen los requisitos para el cargo.
Esta propuesta arrancó en la Cámara de Senadores, pero en Diputados realizaron varias modificaciones que no fueron aceptadas por los senadores. Como cámara revisora y en última instancia, Diputados se ratificó en aprobar sus modificaciones.
Los diputados argumentaron que los funcionarios legislativos deben tener un marco legal diferenciado por las características de las labores que cumplen.
