Rachid, quien hasta el viernes se desempeñó como fiscal de una investigación que dejó fuera a responsables y agentes policiales y solo acusó a los campesinos por el enfrentamiento que dio lugar a la masacre de Curuguaty, el 15 de junio de 2012, será el número dos del ministro del Interior, Francisco de Vargas, exfiscal antidrogas.
Once labriegos están siendo juzgados por los hechos, mientras que no hay ningún policía imputado por el enfrentamiento que sirvió de base al entonces opositor y ahora gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político contra Lugo, que fue destituido una semana más tarde, tras 24 horas de proceso.
El nuevo viceministro de Seguridad Interna sustituye a Javier Ibarra, quien presentó su renuncia, una semana después de que fuera objeto de críticas al serle robadas tres armas de su propiedad del interior de su vehículo blindado.
Ibarra declaró entonces que las había adquirido tras haber recibido informes de que elevara su seguridad ante supuestas amenazas contra su persona y contra su familia por parte de mafias criminales.
Las armas, una pistola y dos fusiles, fueron recuperadas un día después en un operativo policial.
La finca donde se produjo la masacre de Curuguaty está en litigio entre el Estado paraguayo y la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia de Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
El 15 de junio de 2012, cerca de 300 policías acudieron a desalojar de forma violenta a los aproximadamente 70 campesinos que habían ocupado la finca para reclamar que formara parte de la reforma agraria.
El juicio a los campesinos acusados de la masacre, iniciado hace varios meses, ha sido suspendido casi una veintena de veces, después de que los defensores recusaran a Rachid y al tribunal de presunta parcialidad en la causa.
