Susana Oviedo
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Nicanor Duarte Frutos se jacta de encabezar en estos momentos el único movimiento interno del Partido Colorado de corte progresista y que provoca el debate sobre temas de fondo, como la infiltración de elementos del narcotráfico en los tres poderes del Estado, o la necesidad de un control multisectorial del financiamiento de los partidos y de los procesos electorales. Invita a no perder de vista la realidad y pregunta a propósito: "¿Cuántos narcotraficantes están financiando a parlamentarios y concejales departamentales hoy en el país? Da por hecho que Cartes podrá jurar como senador en el 2018, “porque no solo le van a ofrecer votos, sino todo el Congreso”.
–El atentado criminal perpetrado por sicarios la última semana en Asunción revivió la preocupación sobre la inseguridad y los tentáculos del narcotráfico. ¿Qué reflexión realiza al respecto?
–Primero, que falta conducción política en las altas esferas del Estado. La ausencia de un liderazgo que coordine y ejerza el mando está llevando al Paraguay a una de sus peores crisis de inseguridad de las últimas décadas. Cartes ni siquiera habla con sus ministros.
Él tiene que rendir cuenta y tomar nota de los indicadores de criminalidad. Los secuestros, presencia del sicariato y de descontrol explotaron en la era Cartes. Es el único gobierno en que el Congreso Nacional le permitió por ley que sacara las Fuerzas Armadas para intervenir en la seguridad interna, con un presupuesto de 10 a 12 millones de dólares por año, sin ningún resultado.
El ciclo de improvisación política que venimos observando últimamente, mediante el acceso al gobierno de figuras que ignoran el funcionamiento del Estado, va camino a convertir al Paraguay en un Estado fallido.
–¿Qué tan cerca está el país de convertirse en un Estado fallido?
–Estamos al borde de un Estado fallido, por la incapacidad de la conducción política de este empresariado gobernante y por la complicidad de sus agentes con las organizaciones mafiosas. ¿Qué puede entender un López Moreira, hombre formado en los negocios turbios, de la complejidad del manejo estatal en términos de seguridad pública? ¿Qué puede entender José Ortiz, que es la antena sensitiva de la seguridad interna del Paraguay, un hombre que se preocupa de asegurar las rutas del contrabando para su jefe y sus productos?
¿Cómo podemos lograr la seguridad interna cuando tu policía sabe lo que sos como gobernante circunstancial y como persona dedicada desde hace tiempo a trabajos que tienen rentabilidad en los márgenes de las leyes? Ese es el problema en el Paraguay.
Cartes no pudo dar seguridad ni a ricos, ni a la clase media, ni a los pobres. Los bancos son asaltados; las ciudades, tomadas; los productores o empresarios, secuestrados. La clase media vive atemorizada, porque se puede perder la vida por un celular, y los ciudadanos que a diario circulan en los ómnibus también están expuestos a lo mismo.
–Ante esta realidad, ¿qué debe hacerse, según usted?
–Una reforma política que parta de la necesidad de financiamiento por parte del Estado de los partidos políticos y los procesos electorales. Si el Estado no asume esto como una carga pública, ¿en manos de quiénes vamos a estar y quiénes van a determinar los resultados de los procesos electorales? ¿De los narcotraficantes, contrabandistas, traficantes de armas o poderes fáctico-económicos que ya se están apoderando del Estado y los partidos políticos...? De hecho tienen infiltrados en el Poder Judicial, en el Parlamento y también en el Poder Ejecutivo a sus agentes cómplices y encubridores.
–Pero los partidos ya reciben subsidio y aporte estatal, y existe una ley de financiamiento político que busca transparentar los fondos que manejan...
–Sí, pero hay que ver si el financiamiento del Estado realmente puede evitar hoy, por ejemplo, que Cartes diga sin ningún rubor: “yo me banqué, yo pagué esta campaña y a mí me deben la victoria”. ¿Cuántos narcotraficantes están financiando a parlamentarios y concejales departamentales hoy en el país? No tenemos que perder de vista la realidad. Por eso digo: financiamiento del Estado, con una trazabilidad mediante un control multisectorial de las contribuciones del sector privado y del financiamiento por parte del Estado.
–Pasando a otro tema, ¿está tranquilo respecto a su candidatura para senador, considerando que el PDP y el Partido Liberal consideran impugnarla, al igual que la de Cartes, en razón de que el artículo 189 de la Constitución Nacional dice que los ex presidentes serán senadores vitalicios?
–A mí me gustaría que estos sectores se preocupen de la violación constitucional cuando se reprime a las organizaciones obreras; que defiendan a los docentes cuya huelga está criminalizada, que reclamen al ministro del Trabajo que resuelva los pedidos de sindicalización que tiene encarpetados. Que se preocupen de la falta de vigencia de derechos como el acceso a la educación, a la salud, a la tierra. Que expliquen que la alianza público-privada es un modo de privatizar los bienes públicos, de robar al Estado y poner en subasta lugares de trabajo de nuestros compatriotas. Que salgan a cuestionar duramente la invasión del capital extranjero. Entonces vamos a empezar a respetarnos. Pero limitar el derecho político de un ciudadano por haber ocupado un cargo público es una manera ruin de frenar la competencia.
–Pero esa limitación está establecida en la Constitución Nacional...
–En ninguna parte de la Constitución aparece como inhabilidad haber ejercido la presidencia. Tampoco dice que el presidente por ser senador vitalicio ya no puede disputar cargos de mayor influencia y gravitación en las políticas públicas. ¿En qué parte de la Constitución dice que el presidente de la República no podrá ser senador activo? ¿En qué parte dice que ser senador vitalicio es una limitación y una mutilación del derecho político? ¿En qué parte dice que el que ejerce el cargo de senaduría vitalicia no podrá ser senador activo?
Toda limitación al derecho político debe ser explícita, clara, contundente. Es más, en el derecho político, cuando la norma no es clara o hay duda, así como en el derecho penal, beneficia al elector o al que va a ser elegido. ¿Por qué hay que limitar, mutilar y matar el derecho político a alguien que fue presidente? Más todavía si la senaduría vitalicia ni siquiera es un cargo con presupuesto e infraestructura. Es una distinción, un cargo honorífico.
–Aún así, ¿debe derogarse el artículo que establece la senaduría vitalicia?
–Para mí no es ninguna limitación para la disputa democrática electoral. Es más, yo renuncié a la senaduría vitalicia, y una renuncia de un ciudadano no puede depender de un órgano corporativo. Para mí, todos tenemos que poder competir democráticamente, salvo interferencias legales explícitas.
–¿Y el argumento de que así como un intendente o un gobernador tiene que renunciar meses antes, si se postula para un nuevo cargo electivo, también debe regir para un presidente de la República?
–Eso no dice la Constitución. Tampoco dice que el presidente renunciará 6 meses antes. Entonces no dice nada. Yo no renuncié (elecciones 2008), y participé, gané, y me impidieron ocupar mi banca de senador, por una mezquindad política, no por una cuestión jurídica. Adrede no constituyeron el cuórum para poder hacerlo. A Cartes le van a dar el cuórum y probablemente muchos de los que hoy se están plagueando le van a ofrecer el Parlamento también.
–¿Da por hecho que cerrarán filas a favor del juramento de Cartes como senador?
–No solo van a ofertarle sus votos, sino ofrecer el Congreso a Cartes. Aikuaapángo chupekuérape (los conozco a todos). Yo no juré porque no tenía 50.000 dólares, y no me iba a prestar a ese tipo de tramoya contra la voluntad popular.
–Pero en su caso, la izquierda tuvo que ver, al prestarse a no hacer cuórum y permitir su juramento...
–En realidad, los liberales, que conformaban el bloque más fuerte. Cuando eso, yo estaba en la presidencia y obviamente se complicaba la cuestión porque subsistía la incompatibilidad. Una cosa es esta y otra la inhabilidad. Cartes va a tener incompatibilidad para ocupar su banca hasta el 15 de agosto. Ahí cesará la incompatibilidad y podrá prestar juramento, lo cual va a depender ya de una decisión política como ocurrió conmigo. Yo por lo menos le voy a dar los votos a Cartes, porque vamos a tener... Vamos a tener un puchito.