El abogado Luis Fernando Canillas, asesor de Yacyretá, quien aparece en los extractos de llamadas en el caso Rodrigo Quintana, recusó a la jueza civil Mafalda Cámeron Luque. Con ello, evitó que se solicitaran datos de los números telefónicos.
En el caso, el abogado Guillermo Duarte, en representación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), había planteado diligencias preparatorias con miras a una eventual demanda civil por daños y perjuicios.
La presentación en este fuero se debió a que la fiscala Raquel Fernández había negado la solicitud de informes de los extractos de llamadas de 21 números telefónicos de las empresas Tigo y Personal.
A esto se sumó la inhibición del juez de Garantías Alcides Corbeta, quien de esta manera no pudo resolver el pedido de Duarte de intimar a la fiscala a requerir los informes.
La urgencia se debía a que el pasado 1 de octubre vencían los seis meses que tienen las compañías telefónicas para guardar obligatoriamente los extractos de llamadas.
Con ello, promovió el juicio de diligencias preparatorias, para determinar exactamente a quién o a quiénes debería demandar para una indemnización por daños y perjuicios.
En el caso, primero fue sorteado el juez civil del Séptimo Turno Hugo Becker, quien se inhibió. Así, pasó a su colega del Octavo Turno, Walter Mendoza, quien también se apartó. Finalmente, recayó en la jueza del Noveno Turno, Mafalda Cámeron Luque, quien aceptó el expediente.
recusación. Sin embargo, el abogado Luis Fernando Canillas se presentó como tercero en el juicio, bajo patrocinio del abogado Silvino Benítez, y recusó a la jueza Cámeron.
Dijo que se presentaba como tercero en la acción instaurada para frenar la destrucción de los registros telefónicos en la investigación de la fiscala Raquel Fernández por la muerte de Rodrigo Quintana
Pidió intervención porque –según alegó– su nombre figura en los registros, y adjuntó copias de un diario donde aparecía la información.
Después recusó a la jueza porque supuestamente la misma tenía evidente interés en la causa, por “la relación de extracción con el partido político que impulsa estas acciones”.
Así, la jueza, por resolución del mismo día, negó categóricamente los motivos de la recusación. Dijo que no guardaba ningún tipo de relación con el PLRA, pero que con la recusación, su ánimo quedó predeterminado y podría perder su objetividad.
Así, finalmente, la jueza se apartó por decoro y delicadeza. Remitió el expediente al juzgado que le sigue en turno. No obstante, ya no hubo posibilidad de pedir los datos de las empresas.
Por quema del Congreso hay un acusado
El fiscal Eugenio Ocampos acusó a Ricardo Ariel Aveiro Frutos, por el caso de la quema del Congreso, ocurrida el 31 de marzo pasado.
La acusación por supuestos delitos de producción de riesgos comunes fue recibida ayer por el juez de Garantías Gustavo Amarilla Arnica.
El mismo estaba en poder de un arma de fuego cargada, con un cartucho percutido, por lo que fue aprehendido por los agentes de la Policía Nacional.
El juez señaló que es la primera de las acusaciones planteadas. En la causa, hay más de 20 procesados, los cuales tienen distintas fechas de requerimiento conclusivo.
Deberá decidir si fija una sola preliminar o, en su caso, una audiencia por cada uno de los procesados.