Representantes del Gobierno, de los pequeños productores y cooperativistas se reunieron nuevamente este lunes para analizar los avances del acuerdo firmado entre los tres sectores luego de 23 días de movilizaciones.
“Se revisaron los puntos acordados y el Gobierno cumplió el 100% en cuanto a resoluciones y decretos se refiere”, resaltó el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, en conferencia de prensa.
Dijo que la mesa de trabajo está avanzada y fijaron el próximo encuentro para el 26 de mayo. No obstante, los equipos técnicos ya se estarían reuniendo en los próximos días para trabajar sobre los proyectos de ley de agricultura familiar, seguro agrícola y el resarcimiento previsto en el acuerdo.
Luis Aguayo, representante de la Coordinadora Nacional Intersectorial, valoró el cumplimiento del compromiso asumido por el Ejecutivo. “Esa es una señal positiva”, expresó el dirigente de los pequeños productores.
Recordó que anteriormente se realizaban acuerdos con el Gobierno, pero luego quedaba sin efecto o no se hacía el seguimiento.
Así también, anunció que en los próximos 15 días estarán entregando la lista de los labriegos que adeudan al Estado a fin de beneficiarse con la ley de rehabilitación financiera propuesta por el Gobierno para ayudar a los pequeños productores.
El dirigente también informó sobre la realización de una plenaria nacional el próximo 24 de mayo en la Plaza de Armas, frente al Congreso Nacional, para evaluar los avances del acuerdo y de todo lo que dejó la histórica movilización.
Tras intensas negociaciones, los labriegos lograron mejorar la oferta del Ejecutivo. Sus deudas podrán ser refinanciadas a diez años, con la quita de intereses. En tanto, la vigencia del IVA a cooperativistas será a partir del 1 de julio.
El documento firmado por ambas partes establece que, con respecto al fortalecimiento de la agricultura familiar y seguridad alimentaria, el Gobierno se compromete a instalar “espacios de encuentro intersectorial”.
Asimismo, el BNF queda facultado a realizar operaciones de compra de deudas vencidas, judicializadas o refinanciadas pertenecientes a pequeños productores.
