En noviembre del 2016 se anunciaba el inicio de la campaña de “reactivación de algodón” en el distrito de Ybycuí, Departamento de Paraguarí. Pero esta iniciativa, lejos de beneficiar a los productores, los dejó con importantes deudas en el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
La asociación Mandyju Poty reúne a unos 52 pequeños productores de al menos siete compañías del distrito de Ybycuí. El pasado 19 de junio, el vicepresidente de esta asociación, Luis Rodríguez, y el secretario, Julio César Riquelme, acompañados del abogado Juan Quirino Giménez Portillo, promovieron en la Fiscalía de Ybycuí una demanda por estafa en el marco de la campaña de reactivación algodonera emprendida por el Gobierno.
La demanda por estafa salpica al ministro de Agricultura, Juan Carlos Baruja; al diputado colorado por Paraguarí, Tomás Rivas; al gobernador del Departamento, Miguel Cuevas; a la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez; al ingeniero Blas Zárate; al técnico de la Dirección de Extensión Agraria (Deag) del Ministerio de Agricultura, Edberto Paniagua, y a Manuel Galiano, funcionario del Parque Tecnológico de Itaipú (PTI).
EL CASO. De acuerdo con el relato de productores consignado en la demanda, para el inicio de la campaña de reactivación algodonera fueron invitados a participar en un encuentro para formar una asociación cuya creación se concretó en fecha 3 de setiembre de 2016 mediante el técnico de la Deag, Edberto Paniagua. En una segunda reunión, con la presencia de las personas que hoy están siendo demandadas, se abordaron los beneficios que obtendrían con la siembra del algodón. Se les prometió –siempre según el escrito– un tractor agrícola, una minidesmotadora, una sembradora, una cosechadora y hasta la exportación de fibras de algodón, con un beneficio de producción por importe de G. 4.000.000 por hectárea.
El ingeniero Blas Zárate, de la firma algodonera Proin, según los productores, se comprometió para la campaña en ceder de forma gratuita unas 100 hectáreas para la siembra de algodón, mientras que el diputado Rivas prometió semillas y combustible gratis para las maquinarias agrícolas.
Los productores mencionan que Manuel Galiano, funcionario del PTI, se encargó de elaborar el presupuesto para la siembra de las 100 hectáreas y con base en ese documento se habilitó una línea de crédito en el CAH. Cada productor miembro de la asociación retiró el crédito que le fue habilitado para la primera etapa de la siembra y se integró un solo capital. Alcanzó la suma de G. 132.000.000, que en cheque le fue entregado al técnico de la Deag, Edberto Paniagua, quien a su vez lo entregó a Galiano, según los productores.
Al final, se realizó la siembra de 60 hectáreas y no de 100 como se tenía previsto. Julio Riquelme, secretario de la asociación, contó a ÚH que se percataron del faltante de hectáreas luego de medir las parcelas, ya casi al momento de la cosecha del algodón. Entonces, los productores no retiraron el segundo desembolso del CAH que estaba previsto para la etapa de la cosecha, sino que se utilizó para ese fin parte de la suma que ya se había retirado. La deuda de los productores en el CAH –como asociación– trepó con los intereses a más de G. 163.000.000. Riquelme contó que la firma Proin les compró el algodón por G. 76.355.000, que íntegramente se pagó en el CAH. Pero quedaron con una deuda de poco más de G. 88.000.000, según dijo.
