EFE
La eventual incorporación de Lula al Gobierno de su heredera como ministro desató una tormenta política, que se agigantó cuando la Corte Suprema anunció que ha aceptado una declaración que el exjefe del oficialismo en el Senado, Delcidio Amaral, prestó en el marco de un acuerdo de cooperación judicial.
Amaral, arrestado en noviembre pasado, decidió cooperar a cambio de una futura reducción de pena y acusa a Rousseff y Lula de chantajear a testigos de los casos de corrupción, entre ellos a él mismo.
También los acusó de financiación ilegal en sus campañas electorales, de presionar a jueces del Tribunal Supremo y de tener conocimiento o autorizar operaciones ilegales en la estatal Petrobras.
Según la declaración de Amaral, el ministro de Educación, Aloizio Mercadante, en nombre de la propia Rousseff, llegó a ofrecerle dinero para tratar de evitar su confesión y su delación.
En la declaración, Amaral detalló cómo operó la financiación ilegal de las dos campañas electorales de Rousseff, que se habría nutrido de fondos pagados por las constructoras de la hidroeléctrica de Belo Monte, también implicadas en el caso Petrobras, así como a través de otros empresarios.
Para complicar las cosas, la revista Veja difundió el audio de una grabación hecha por un asesor de Amaral durante una conversación con Mercadante que refuerza la sospecha de que el ministro intentó comprar su silencio, como sostiene el senador en su declaración.
“Vea en qué puedo ayudar”, dice el ministro cuando un hombre identificado como José Eduardo Marzagão, asesor de Amaral, le relata que el senador y su familia pasan por dificultades financieras desde noviembre pasado, cuando fue detenido por tratar de “obstaculizar” la investigación sobre las corruptelas en la petrolera estatal.
Frente a la posibilidad de que Amaral colaborase con la justicia, Mercadante dice creer que debería “esperar”, que debe evitar “hacer algún movimiento precipitado” y dejar que “el polvo baje”.
Asimismo, el ministro aconseja al asesor que convenza a Amaral para permanecer en silencio y aguardar por la ayuda que le pueda ofrecer, para no convertirse en “un agente que desestabilice todo”.
Mercadante convocó de inmediato una rueda de prensa en la que negó haber tratado de sobornar a Amaral y aseguró que su contacto con el asesor del senador fue un “gesto personal” y “de compañerismo”.
Rousseff, por su parte, divulgó una breve nota oficial en la que manifestó que “repudia con vehemencia e indignación el intento de implicar su nombre en la iniciativa personal del ministro Aloizio Mercadante”.
En medio de esa tormenta, cobró fuerza la posibilidad de que Lula acepte un cargo en el Gobierno de Rousseff, que según fuentes oficiales buscaría aprovechar su muñeca política para recuperar el diálogo con el Congreso, que se apresta a retomar el juicio político contra la mandataria paralizado desde fines del año pasado.
Al caer la noche, Rousseff recibió en su residencia oficial a Lula para, según confirmaron fuentes oficiales, discutir su posible nombramiento para un ministerio.
La oposición, que hoy pidió la destitución de Mercadante tras las denuncias de Amaral, cargó otra vez contra el Gobierno y sostuvo que el ofrecimiento de un ministerio a Lula supone “ayudarle” a esquivar a la justicia, ante la que ha sido acusado de delitos de supuesta corrupción.
Las causas contra Lula tramitan en la justicia común, pero en caso de asumir un ministerio, el expresidente deberá ser juzgado por la Corte Suprema, lo que dilataría el proceso.
El jefe del grupo del opositor partido Demócratas (DEM) en la Cámara baja, Pauderney Avelino, afirmó que si se confirmase el nombramiento supondría “una burla, un escarnio, porque el único objetivo sería ayudarlo a escapar de la justicia”.
El diputado opositor también recordó que en las multitudinarias manifestaciones contra el Gobierno que se realizaron este domingo, la “sociedad pidió la destitución de Rousseff, pero también que Lula sea juzgado”.
Esas protestas han sido consideradas las más concurridas de la historia política brasileña y, según la Policía, movilizaron al menos a 3,6 millones de personas en cientos de ciudades de todo el país
