Walter Bower, ex ministro del Interior del gobierno de Luis González Macchi, ha dilatado su causa por los hechos punibles de tortura, lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas y coacción, durante 18 años. Sin embargo, ayer, en una conferencia de prensa en el hotel Granados Park, decidió hablar por primera vez y negó rotundamente ser chicanero, al asegurar que nunca promovió recusación alguna ni entorpeció el proceso penal.
“Mis derechos humanos y los de mi familia son violados desde hace 17 años. Se desconoce mi derecho fundamental a ser juzgado con las debidas medidas y dentro de un plazo razonable por un juez penal competente, independiente e imparcial”, aseveró.
También refirió que el juez Gustavo Amarilla –quien dispuso su arresto disciplinario por litigar de mala fe– se inspiró al parecer en la sed de protagonismo mediático e incluso resaltó que el magistrado tomó dicha determinación días después de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) anunciara una investigación preliminar sobre el dilatado proceso.
“No he promovido ninguna acción, ningún recurso, jamás entorpecí la regular tramitación de la investigación en el juicio”, expresó.
También acusó a los supuestos golpistas de ser los que alientan a los jueces de tomar dichas medidas.
“Desde la oscuridad, los responsables de la intentona golpista derrotada alientan a jueces a veces maleables, con el propósito de blindarse al cargo”, afirmó.
Finalmente indicó que el proceso en su contra se trata de una venganza política, pero que de igual manera va a ejercer su defensa hasta el final.
En la causa además se encuentran imputados los policías Merardo Palacios, Juan Basilio Pavón (fallecido) y Osvaldo Vera.
La causa fue declarada como de lesa humanidad, por lo que es imprescriptible, según un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con lo que, a pesar de los años transcurridos, aún continúa el proceso.
Así también, ante una serie de recusaciones o inhibiciones, nunca se pudo realizar la audiencia preliminar donde se tenía que decidir si se elevaba o no a juicio oral la causa.
El caso ocurrió el 18 de mayo de 2000; supuestamente, los policías Alfredo Cáceres y Jorge López habían sido detenidos por sublevación en aquel entonces al presidente Luis Ángel González Macchi, tras un intento fallido de golpe. Los uniformados denunciaron que fueron torturados por horas.
