El Presupuesto General de la Nación (PGN) es la ley más importante de cada año, por eso se supone que el Poder Ejecutivo pondrá su mayor esfuerzo en hacerlo administrable y el Poder Legislativo en su análisis y tratamiento durante las sesiones plenarias.
Se supone, también, que siendo el plan que regirá los gastos del Estado y que supone un poco menos de la mitad del PIB, lo que hace que se convierta en objeto de mirada internacional, se respetarán ciertos lineamientos e impedimentos, como los establecidos en la que debería ser la ley madre, la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
Sin embargo, podemos decir que la seriedad que requiere su estudio en este año no fue tal, salvo contadas excepciones.
Desde un principio, el proyecto fue menospreciado. El análisis del plan de gastos en la Comisión Bicameral de Presupuesto, que se caracterizaban por sus –prácticamente– interminables jornadas, este año estuvieron marcadas por las masivas ausencias y el desconocimiento general de las asignaciones dentro del Presupuesto. Inclusive, de parte de los mismos legisladores oficialistas, de quienes se espera que, al menos, sean defensores de la visión del Ejecutivo.
A tal punto fue el menosprecio en la Bicameral, que tras recibir las visitas de los ministros y secretarios de Estado en sesiones que se extendieron por más de un mes, sus integrantes decidieron recomendar la aprobación de la versión del Ejecutivo, sin ningún cambio, algo inédito.
Posteriormente, en Diputados y Senadores, la discusión giró en torno a los aumentos salariales, evidentemente motivada por la proximidad de las internas partidarias antes que por la idea de una verdadera justicia salarial. Las discusiones que se esperaban que sean más importantes, como los planes de inversión, endeudamiento y proyecciones de crecimiento, ni siquiera se convirtieron en motivos de discusión.
Hubo un tímido intento de recortar los bonos, pero que por falta de votos no prosperó. También hubo algunas discusiones sobre el desfinanciamiento del Presupuesto, pero poca importancia dieron a este punto los parlamentarios.
La guinda de la torta la puso Diputados, cámara que olvidó enviar al Senado el proyecto aprobado en el reestudio del PGN 2018, quedando aprobada la versión Senado por sanción ficta. Hasta ahora, el presidente de la Cámara Baja, el oficialista Pedro Alliana, no dio explicaciones al respecto, lo que nos abre las puertas a, al menos dudar, de si esto es una estrategia para desligarse de la responsabilidad de haber dejado desfinanciado el Presupuesto al siguiente gobierno.
Si la ley más importante del año es tratada de esta manera, no queremos ni imaginarnos cómo son analizadas las leyes que se consideran de menor jerarquía. Una pena.
