Serán analizados los presupuestos de los ministerios de Hacienda, Salud, Educación, Obras, Interior y Defensa, así como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, gobernaciones y universidades. También se definirán el presupuesto asignado a las organizaciones no gubernamentales (oenegés) y el articulado.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2017 asciende a G. 69,160 billones (USD 12.176 millones), lo cual representa 4,2% más que el plan de gastos aprobado para este año (G. 66,3 billones). El plan de gastos para el próximo año contempla un déficit fiscal (más gastos que ingresos) de 1,5% del PIB, límite permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Asimismo, contempla la emisión de bonos por G. 3,3 billones (USD 600 millones) que serán destinados a solventar la ejecución de obras viales y a pagar parte de la deuda pública que vence el próximo año.
Más pedidos. A esto se debe sumar que un total de 41 entidades solicitaron G. 1,457 billones (USD 256,5 millones) más sobre el proyecto de Presupuesto 2017 elaborado por el Ministerio de Hacienda, pedidos que serán analizados también por la Bicameral.
El ministro de Hacienda, Santiago Peña, señaló que desde la cartera fiscal están atentos a que el Parlamento no incorpore ajustes salariales, que volverán más rígido el presupuesto y que podría afectar a la ejecución de otros programas. El proyecto de Presupuesto 2017 prevé que de cada G. 100 recaudados, G. 72 sean destinados al pago de salarios.
Este planteamiento no incluye el ajuste salarial del 7% para los estatales que perciben el salario mínimo, y que alcanza a docentes, policías y militares. Si el aumento corre desde julio del próximo año, tal como sugiere la Comisión Bicameral de Presupuesto, costará G. 160.000 millones, en tanto que si alguna de las cámaras del Congreso decide que la suba sea aplicada desde enero del próximo año, el costo trepará a G. 320.000 millones.
En principio, la Bicameral propone costear este aumento reduciendo el monto destinado al pago de intereses por las obras a ser ejecutadas bajo la Ley 5074/13 (de llave en mano) y con un recorte a lo destinado a la compra de alimentos (bocaditos).
