Por Diego Oré y Silene Ramírez - Reuters
El martes, minutos antes del atardecer, un efectivo de la policía científica (CICPC) hurtó un helicóptero de una base aérea en Caracas y, con una bandera que decía “libertad”, sobrevoló los edificios del Poder Judicial y del Ministerio del Interior, situados en el centro de la capital, a los que disparó y lanzó granadas sin dejar víctimas.
El Gobierno cerró filas en torno al hecho, que calificó como un “ataque terrorista” de un “psicópata asesino”, y dijo que estaba en busca del piloto, Óscar Pérez, a quien acusó de estar vinculado con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por su sigla en inglés) y sobre quien emitió una orden de captura internacional a través de la Interpol.
Por la tarde, el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, dijo que el helicóptero robado fue localizado en el estado Vargas, en la costa norte del país, zona donde desplegaron fuerzas de comandos especiales. No hubo detenidos.
El ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, dijo que los actos de Pérez, conocido también por protagonizar y coproducir una película de acción en Venezuela, “no representan el sentir de este noble cuerpo”, refiriéndose al CICPC.
Horas antes, el canciller, Samuel Moncada, rechazó los cuestionamientos a la versión oficial del ataque.
“Ahora están diciendo que eso lo planeé yo con el presidente (Nicolás) Maduro. Que le indicamos qué tenía que hacer, le dimos unas granadas y que él planeó dónde soltarlas para que no hiriera a nadie”, dijo en conferencia de prensa en la que conminó a los gobiernos extranjeros a condenar el atentado.
"¿Quién puede creer eso? ¿Se dan cuenta cómo doblan la verdad?”, se preguntó Moncada. "¿Por qué no hay tanques en Caracas? Porque ese psicópata no lo merece. No entremos en pánico. No hay una conspiración mayor. El Gobierno está más sólido que nunca”, afirmó.
CONTROVERTIDAS SENTENCIAS. En las calles de Caracas, algunos creen que el Gobierno escenificó el acto para desviar la atención sobre dos sentencias del TSJ que debilitan competencias de la Fiscalía, cuya jefa ha criticado a la administración de Maduro y presentado recursos legales para revertir medidas tomadas que detonaron protestas opositoras.
“Parece una cosa de película”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges.
“Hay gente que dice que es un peine (trampa), hay gente que dice que es una cuestión real, hay gente que dice que son efectivos policiales que realmente están hartos”, agregó.
Desde principios de abril, la oposición comanda una ola de protestas contra Maduro, a quien acusan de haber llevado a Venezuela a una “dictadura”. El sucesor político del fallecido Hugo Chávez, sin embargo, sostiene que las manifestaciones solo buscan sembrar el caos con la intención de desbancarlo.
La máxima corte del país emitió dos sentencias justo cuando el helicóptero sobrevolaba el centro de Caracas. En ellas, le da facultades de la Fiscalía a la Defensoría del Pueblo -destinada a garantizar el respeto a los derechos humanos-, permitiéndole, entre otras cosas, participar en investigaciones penales.
“Tras esa fachada lo que se esconde es un claro propósito: hacer de la Defensoría del Pueblo una especie de Fiscalía paralela. Con ello se permitirá tener ‘versiones alternativas’ a las conclusiones a las que llegue la Fiscalía”, opinó el abogado y profesor universitario José Ignacio Hernández.
Además, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la designación del vicefiscal y dijo que será su Sala Constitucional la que nombrará a uno nuevo. Con ello, dijeron analistas, se estaría allanando el camino para remover a la fiscal general, Luisa Ortega, y reemplazarla por alguien alineado con el Gobierno.
Ortega dijo el miércoles que desconoce las sentencias del TSJ que suponen una “provocación” en su contra. “Hay un proceso progresivo de desmontaje del Ministerio Público”, afirmó.
Algunos creen que el episodio del helicóptero podría llevar al Gobierno a justificar la aplicación de un “estado de excepción” para tratar de acallar las protestas que han dejado 76 fallecidos según la fiscalía, algunos de ellos jóvenes manifestantes que han muerto por balas de la fuerza pública.
“Es un show, un montaje”, dijo Angélica Oropezi, una estudiante que protestaba la tarde del miércoles con un bloqueo de una calle de Caracas. “Si realmente estuvieran atentando contra el Estado, la gente no habría salido a las calles hoy”.
En la capital y otras ciudades del país petrolero, cuadrillas de venezolanos bloquearon por cuatro horas algunas de las principales vías como medida de protesta.
