El proyecto de ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional, referente a la pérdida de investidura y por medio del cual los parlamentarios consiguieron autoblindarse, fue presentada por Olga Ferreira en el 2014.
El documento ni siquiera formaba parte del orden del día de la sesión del miércoles de la pasada semana, la primera tras el receso parlamentario, pero la misma proyectista solicitó a sus pares que se trate el documento.
Su iniciativa encontró el apoyo de 64 de sus colegas que en su mayoría ni sabían lo que estaban aprobando, debido que al solicitar el tratamiento Ferreira solamente mencionó el número de expediente y no especificó ni ahondó sobre proyecto en cuestión.
Tras la polémica que se generó tras su sanción por los senadores y para deslindar responsabilidad, la diputada sacó un comunicado el jueves en el que acusó al cartismo de haber adulterado su proyecto original.
Sin embargo, durante el tratamiento del tema, la diputada fue consultada por su colega colorado José María Ibáñez si se allanaba a las modificaciones que se estaban introduciendo al documento y la misma aceptó los cambios al responder “me allano”.
“Señor presidente, estimados colegas. Quisiera presentar dos proyectos de leyes para ser tratados sobre tablas, el expediente 1432290, para ser tratado sobre tablas presidente. Pido la aprobación del pleno”, dijo textualmente Ferreira ante sus pares.
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En su argumentación, la legisladora explicó que el proyecto busca reglamentar el artículo 201 de la Constitución Nacional de pérdida de investidura, a fin de establecer un procedimiento destinado a la separación definitiva del cargo del demandado ya sea un senador o un diputado de la nación, “aportando una solución de fondo a un vacío legal que genera no contar con una reglamentación del mencionado artículo, siendo este actualmente un clamor ciudadano. No es actualmente sino hace varios tiempos ya”, refirió Ferreira ante el pleno.
El colorado Ramón Romero Roa y el liberal Jorge Ávalos Mariño solicitaron el aplazamiento del tema, pero sin éxito. El también colorado Julio Javier Ríos se opuso al aplazamiento y mencionó que ya existía un dictamen por parte de la Comisión de Legislación. En el mismo sentido se expresó Bernardo Villalba (ANR) en cuya comisión se hicieron las modificaciones que finalmente fueron aprobadas.
“Se tomó como base el proyecto presentado por la diputada Olga (Ferreira) y se han propuesto varias modificaciones; habiendo el pleno ya aprobado el tratamiento sobre tablas, corresponde entonces estudiar el proyecto de ley y dentro de ese marco se presenta un dictamen que yo solicito sea tomado como base de estudio”, dijo Villalba.
El legislador fue el que estipuló en el proyecto que las remociones se tengan que hacer solamente con la mayoría calificada de dos tercios, 53 votos en Diputados y 30 en el Senado.
Igualmente, con la excusa de que no pueden atribuirse funciones de otro poder del Estado, Villalba agregó que se necesita de una sentencia judicial para la pérdida de investidura. “No podemos nosotros en un procedimiento sumario, breve, de corte administrativo, determinar la comisión de un hecho punible. Entonces tenemos que dejar que la autoridad competente lo haga”, argumentó.